Dos empresas de multipropiedad radicadas en el sur de Tenerife, Silver Point Vacations y Resort Properties, que pertenecían al grupo inmobiliario Limora, se han declarado en quiebra con una deuda total reconocida por los tribunales de 136 millones de euros, repartida entre 1.503 clientes, la mayoría de ellos de origen británico y alemán. Las sociedades se dedicaban a la gestión de inmuebles vacacionales en régimen de tiempo compartido, en el que cada titular paga por el derecho de uso durante un periodo determinado del año.
En estos momentos, el juzgado que tutela el concurso de acreedores ha encontrado bienes por valor de 83 millones, pero de los que tan solo se podría hacer efectivo un millón, razón por la cual ningún afectado ha podido cobrar, según informan los grupos de abogados que los representan. El bufete Canarian Legal Alliance representa a 250 acreedores y fue el encargado de interponer los recursos ante los tribunales de esas dos empresas de "time sharing", que se han saldado de forma invariable desde hace años a favor de éstos. En los últimos años son más de un millar los fallos judiciales emitidos por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) y otras instancias judiciales que se han posicionado a su favor. De hecho, aún se siguen tramitando reclamaciones en los juzgados.
Indicios de estafa
Una vez que Silver Point Vacations y Resort Properties han entrado en concurso de acreedores, estos litigios se dirimen en el Juzgado de lo Mercantil, pero además la Fiscalía de Tenerife ha abierto una investigación al sospechar que existen indicios de estafa. Desde que comenzaron a emitirse las primeras sentencias en contra de las empresas, los gestores iniciaron un procedimiento supuestamente destinado a descapitalizarlas y liquidaron todo el grupo.
Los afectados desembolsaron cantidades que oscilaban entre un mínimo de 10.000 y 60.000 euros o, incluso, tras recibir la promesa, asegura, de que su inversión iba a rendirles cuantiosos beneficiosos que nunca se concretaron. Por ejemplo, adquirían el derecho a ocupar estos apartamentos durante diez semanas al año, de las que podían vender las que quisieran y usar las restantes. Pero, cuando querían disfrutarlas, les comunicaban que esas fechas no estaban disponibles y tampoco podían alquilar las restantes. A ello se suma que los denunciantes de pronto veían que tenían que hacer frente a cuantiosos gastos de mantenimiento y de comunidad y se veían incapaces de vender los derechos para compensar la inversión. Algunos de ellos dicen que tuvieron que endeudarse para hacer frente a las cantidades que se iban originando.
El abogado que representa a un grupo de estos demandantes, Adrián Díaz Saavedra Morales, apunta que han tenido que hacer frente a una auténtica operación para desmantelar estas empresas de implantación internacional, por ejemplo, en paraísos fiscales como Panamá, entre otros puntos del mundo. Incluso llegaron a cambiar de nombre. Por su parte, las compañías argumentan que las promesas de generar beneficios no se pudieron concretar a causa de la crisis inmobiliaria, pero que nunca tuvieron intención de estafar a nadie.