El Juzgado de lo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado la liquidación del Grupo Ralons y todas sus subsidiarias, once compañías que llegaron a dar trabajo a más de 2.000 personas.
Tras presentar concurso de acreedores voluntario en mayo del pasado año, la empresa se dirigió en todo momento hacia su disolución. Meses después de decretarse el concurso por un agujero en las cuentas de 70 millones de euros, su fundador y accionista mayoritario, Miguel Ángel Ramírez, se deshizo de su participación en la empresa, casi el 100%.
Poco tiempo después las once empresas subsidiaria cesaron su actividad para culminar el cierre. Estas son Auxiliar TDMS, Lavanderías Ralons, Mar Asesores y Consultores, Ralons formación, Ralons Medio Ambiente, Ralons Schools, Ralons Servicios, Ralons Sport World, Sergracan y Transportes Depósitos y Manipulados de Seguridad, cuyas actividades iban desde la formación al cuidado de mayores y dependientes, pasando por la limpieza o la vigilancia.
Atrás quedaron los años en los que Ralons se aventuraba a cruzar el charco, cuando en 2015 se hizo con el 75% de NorthStar Security, empresa de seguridad norteamericana con sede en Miami, en lo que pretendía ser su implantación en el mercado estadounidense.
Las últimas cuentas disponibles de Grupo Ralons corresponden a 2016, cuando informó de unas pérdidas de 32.909 euros y unos activos de más de 4,5 millones.
Personaje polémico
Miguel Ángel Ramírez es empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Comenzó su actividad empresarial en el mundo de la seguridad privada. Seguridad Integral Canaria, nacida a mediados de los años 90, llegó a ser un referente en el sector en Canarias, hasta que en enero de 2018 se declaró en concurso de acreedores, también voluntario, tras ser condenado por no pagar a los trabajadores según convenio, lo que le dio la puntilla a la empresa.
Se ha visto implicado en unas grabaciones junto al juez Salvador Alba en el que conspiraban contra Victoria Rosell, titular del juzgado que debía encausar a Ramírez por delitos fiscales y contra la Seguridad Social y por el que la Fiscalía pide 21 años de cárcel. Si bien los inicios de este caso se remontan a 2014, aún no se ha fijado fecha de juicio.
En este tiempo, el juez Alba, ya ha sido juzgado y el Tribunal Supremo ha ratificado la condena de seis años y medio para él por conspirar contra su compañera de profesión.