El juez del Juzgado de Instrucción número uno de Las Palmas de Gran Canaria ha determinado la suspensión de la declaración de Eustasio López, dueño del conglomerado turístico Lopesan, que estaba programada para el 3 de abril. Según han confirmado a Atlántico Hoy fuentes cercanas al Grupo Santana Cazorla (GSC), López presentó un recurso contra el auto de admisión a trámite de la última querella presentada contra él y algunos de sus colaboradores.
Según la misma, tal y como adelantó este periódico el pasado 16 de enero, el juez apreció indicios de delitos en Eustasio López, Manuel Santana Cazorla, Juan José Arencibia y Martín Suárez, los cuales podrían ser los presuntos responsables de un delito de administración desleal.
Admisión
El trámite de admisión de esa querella por el magistrado Alberto Puebla es el que queda ahora en revisión. El documento apunta un presuntos pacto acordado en diciembre de 2021 entre Eustasio López y Manuel Santana Cazorla (que poseía el 49% del capital de GSC), por el cual López adquiere dicha participación de la empresa competidora, por 20 millones de euros.
La denuncia señala que Manuel Santana, propietario de una parte importante del Grupo Santana Cazorla (GSC), habría suscrito un contrato con IFA Canarias con la intención real de transferir su capital a esta última empresa, sin el consentimiento de los otros socios de GSC y con perjuicio hacia ellos. Además, se alega que Eustasio López, administrador de IFA Canarias y también de la competidora directa Lopesan, estaría detrás de esta operación.
Pérdidas
El consejo de administración de IFA Canarias está conformado por dos de los investigados, Juan José Arencibia y Martín Suárez, además de representantes de otras entidades. Se argumenta que López, que tiene la mayor fortuna de Canarias, podría tener interés en perjudicar a GSC, recibiendo información confidencial de Arencibia y Suárez, lo que habría llevado a la paralización de GSC.
El grupo empresarial se dedicaba a promociones inmobiliarias y tenía inversiones considerables en el sector turístico, con una facturación anual que alguna vez alcanzó los 40 millones de euros. Sin embargo, cesó sus operaciones en 2016 con pérdidas significativas, superando los 250 millones de euros.
Concurso
Precisamente la semana pasada, el Juzgado de lo Mercantil número uno de Las Palmas de Gran Canaria aprobó un convenio que permite al Grupo Anfi salir del concurso de acreedores en el que estaba involucrado desde septiembre de 2021. Esta aprobación garantiza la continuidad de la empresa, así como la preservación de más de 800 empleos directos y más de 2.500 empleos indirectos, y asegura la continuidad de un importante actor en el sector turístico en las Islas Canarias.
El director general de Anfi, José Luis Trujillo, resaltó que la aprobación del convenio muestra la confianza continua de los acreedores en la empresa, a pesar de los litigios pasados. Trujillo también mencionó que el acuerdo ha permitido salvar muchos puestos de trabajo y satisfacer a numerosos clientes que han disfrutado de las instalaciones de Anfi durante más de 15 años.