La Audiencia Provincial de Las Palmas ha fijado los próximos 8, 9 y 10 de octubre como fecha para resolver el recurso de impugnación que los bancos Santander, Sabadell y Caixabank presentaron contra el acuerdo al que llegaron la familia Armas y los acreedores mayoritarios y bonistas de la naviera (JP Morgan, Barings, Bain Capital y Cheyne) para cambiar deuda por acciones y quedarse con el control de la compañía, tal y como ha adelantado este viernes El Confidencial.
El pasado mes de diciembre, la justicia homologó el plan de reestructuración de la compañía, que implicaba que los acreedores mayoritarios se quedarían con el 94% de Naviera Armas a cambio de perdonar el 60% de los 446 millones de deuda que tenía con ellos y el 100% de la que tenía con los minoritarios.
Las razones del recurso
Los tres bancos españoles recurrieron el acuerdo porque, al ser acreedores minoritarios de la naviera (Armas les debía, en conjunto, en torno a 65 millones de euros), se vieron arrastrados por la decisión de los mayoritarios sin poder participar de la decisión, tal y como prevé la Ley Concursal.
Aunque el Instituto de Crédito Oficial había avalado los préstamos de estos tres bancos y legalmente podrán recuperar hasta 40 de los 65 millones de euros que la naviera les debe, los bancos querían café para todos y que se les aplicase el mismo criterio que a los acreedores mayoritarios.
Orden de prelación
En su recurso, como ya explicaron los bancos en su momento a Atlántico Hoy, reclamaban que se había violado el orden de prelación al haberse visto recompensada la familia Armas con el 6% de las acciones. El orden de prelación es el que establece quién debe cobrar cuando una empresa quiebra y los acreedores siempre están por delante de los propietarios de la compañía. Al haber recibido una parte de las acciones y haberse quedado los bancos sin nada, entienden violado el orden de prelación.
Los nuevos propietarios de Armas, sin embargo, argumentan que se trata de una cesión de capital posterior, por lo que no se aplicaría ese criterio.
Evaluación de la tasación de Armas
Como adelanta El Confidencial, el juicio servirá para revisar el plan de homologación -que ya fue avalado por la justicia- comparando la valoración de la empresa que hizo Abencys y las pruebas periciales paralelas que presenten los bancos. No se permitirá a estos interrogar a la familia Armas.
La tasación que hizo en su momento Abencys fijaba el precio de la naviera entre 279 y 330 millones de euros, cifra considerablemente inferior al importe de la deuda (más de 500 millones entre todos los acreedores), lo que avalaba que los mayoritarios llegasen a un acuerdo como el que se ha realizado. La esperanza de los bancos españoles es que la revisión que se haga en octubre sobre las cifras valore la empresa por encima del importe de la deuda, lo que significaría que legalmente tendrían derecho a cobrar su parte y el acuerdo por Armas quedaría anulado.