Se confirman los peores augurios para la industria láctea canaria: JSP irá finalmente a liquidación. Así lo ha informado la Administración Concursal designada por el juez de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
También lo ha anunciado la entidad especializada en procedimientos concursales Asemar, que en una nota confirma que “después de tres meses de un proceso concurrencial abierto" se procede al "cierre de proceso de venta en fase común de las cuatro unidades productivas del grupo de alimentación canario José Sánchez Peñate, S.A (JSP)”. Amplía la asesoría que al no haberse realizado ningún pago de depósito en el plazo señalado para la compra de las unidades productivas de JSP, ni haber aceptado la Administración Concursal ninguna postura concreta, “el proceso entra ahora en fase de liquidación”.
Los representantes de los trabajadores que aun quedan en plantilla piden ahora "esa intervención" del Gobierno de Canarias que les fue prometida, según recuerda Ángel Yanes, antiguo líder sindical de los empleados en Tenerife que hoy, ya fuera de la empresa tras el ERE de enero que pretendía facilitar la supervivencia de la industria, es miembro del consejo de CC.OO.
En palabras de Yanes "ahora se da el escenario idóneo" porque, previamente, los representantes políticos aludían a la condición de empresa privada de JSP para poder intervenir, una situación que ya no es excusa.
"Se ha dejado caer [JSP] porque es más apetecible y el coste es prácticamente cero para quien venga detrás y pueda comprarlo todo". Por ello cree que es el momento para que el Ejecutivo regional "no ponga más excusas" con una empresa que "tiene los activos y las fuentes productivas" para "seguir adelante", como ha pasado con "otras empresas estratégicas" que han sido rescatas por otros gobiernos autonómicos como el vasco y el catalán.
Sin ofertas sólidas
Asemar afirmaba al comenzar el procedimiento concursal que había hasta 40 interesados en la subasta de las unidades productivas de JSP. No obstante solo ocho solicitaron la documentación, de las cuales solo dos trascendieron0.
Una de ellas fue realizada por Quesos Valsequillo para hacerse tan solo con la planta productora de leche en Güimar, pues su objetivo era su industria de yogures. La oferta estaba entre los 500 y los 600.00 euros, una cantidad que se consideró “muy baja”.
La otra oferta vino de parte de una ex trabajadora de la compañía (quien afirma que llegó a ser adjunta a la presidencia y lideró la apertura de la fábrica de El Tablero, productora de pan) a través de su empresa Sanlode Alimentación, que ofreció siete millones para comprar las cuatro naves, tres y medio para recobrar la actividad, según la oferta a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy. La ofertante aseguró la pasada semana a este medio que había pedido una prórroga para abonar los 1,4 millones de aval.
La maquinaria de Gordon Brothers
Hay que recordar que la totalidad de los activos se cifraba, al iniciar la subasta, en 68 millones. Entrada la empresa en el proceso de liquidación, que pude dilatarse aun unos meses, cualquier sociedad o particular interesado podrá postularse para comprarla, pero ya sin ningún tipo de cargas aparejadas.
Una carga que sí permanecería, llegado el caso, sería la de la maquinaria, que la empresa vendió para luego alquilar a la norteamericana Gordon Brothers, entidad de asesoría, reestructuraciones e inversión. Para hacerse con esos activos arrendados habría que desembolsar en torno a los cuatro millones de euros.
La oferta que presentó Sanlode pretendía "una importante inversión en renovar la maquinaría de manera que se pueda optimizar la producción".
Un ERE ineludible y la intervención del Ejecutivo
La liquidación lleva aparejado sin solución de continuidad un ERE para dar salida a los 140 empleados que aun quedan en la empresa (276 dejaron la misma en enero en un intento desesperado por salvar la compañía) y que en la actualidad se encuentra en ERTE.
Los representantes de los trabajadores han pedido en este momento del proceso, una vez más, al Gobierno de Canarias que no deje caer una de las industrias estratégicas de las islas, algo a lo que el Ejecutivo se comprometió en pasadas reuniones con miembros del sindicato.
Así lo defendió la consejera de Economía y Empleo Elena Máñez en julio del año pasado, cuando afirmó en sede parlamentaria que el Gobierno ayudaría a encontrar una solución “en aras de buscar esa garantía de futuro para una empresa estratégica para Canarias”.