El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha resuelto la aprobación del convenio por el cual el Grupo Anfi supera el concurso de acreedores en el que estaba inmerso desde septiembre de 2021.
De esta forma "se garantiza la continuidad de la empresa", según ha transmitido la empresa en un comunicado, y el mantenimiento de los más 800 puestos de trabajos vinculados de forma directa a Anf y los más de 2.500 indirectos, además de dar continuidad a un "símbolo" del sector turístico en el Archipiélago.
La empresa agradece "la contribución financiera y el esfuerzo" de Lopesan gracias a la cual se ha podido dar el acuerdo, pues a través de su filial IFA Canarias "ha garantizado los fondos necesarios para que los acreedores puedan cobrar finalmente".
Confianza en la empresa
El director general de Anfi, José Luis Trujillo, ha indicado que la aprobación del convenio "demuestra que los acreedores, pese a la litigiosidad padecida durante años, continúan confiando en la empresa".
"Hemos salvado muchos puestos de trabajo y los deseos de numerosos clientes que llevan más de 15 años disfrutando de su tiempo libre en nuestras instalaciones y que nos han hecho saber, en reiteradas ocasiones y durante este largo proceso, que no querían que el complejo desapareciera. Grupo ANFI sigue siendo una marca referente en el sector turístico, con un futuro cierto y prometedor", aseguró Trujillo.
El concurso
Anfi Sales y Anfi Resorts llevaba en concurso de acreedores desde el año 2021 después de que la declaración de concurso necesario fuera presentada ante el Juzgado Mercantil Número 1 de la capital grancanaria por Isla Marina, empresa perteneciente al Grupo Lopesan, a la que se adeudaba más de 20 millones de euros, y que ha sido aceptada tras la confirmación de los informes periciales en los que se ponía de relieve la "falta de liquidez y solvencia" de las empresas.
Tras esto se ha alcanzado un convenio, explica, que se presentó en febrero de 2023 a propuesta de las empresas deudoras, Anfi Sales y Anfi Resort, contando con el aval financiero de IFA Canarias y el apoyo de Isla Marina (Grupo Lopesan), siendo secundado en esa primera fase por el 73% de los acreedores, entre los que se encontraba también el crédito público (AEAT).
Este plan de viabilidad alcanzó finalmente el apoyo del 98 por ciento de los afectados, que lo manifestaron al juzgado "pese a no haberse podido adherir en plazo al convenio".
Dos alternativas
El convenio acordado propone dos alternativas a los acreedores, por una parte una opción que contempla una quita del 45 por ciento a cambio de garantizar el cobro del 55 por ciento restante, mientras que la opción B se centra en la capitalización de créditos sin quita.
De este modo, los que se adhieran a la propuesta de la quita cobrarán la primera anualidad, que corresponde con el 91 por ciento del acuerdo, de manera anticipada durante los 30 días siguientes a la firmeza de la presente resolución judicial, y el 9 por ciento restante se abonará al quinto año, "estando totalmente avalado su pago".