Un grupo de inversores ha presentado un escrito en el Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria para comprar la unidad productiva del Grupo Santana Cazorla (GSC), que consiste en el 50% de Anfi Sales SL y Anfi Resorts SL. En el escrito con fecha 17 de marzo y al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, el grupo solicita un proceso de publicidad y concurrencia para maximizar el valor de la masa activa.
Los inversores aseguran pertenecer a una reconocida plataforma de inversiones con amplia experiencia y éxito en este tipo de procesos competitivos, que ayudan a maximizar el valor del activo enajenado y que tiene especial interés en poder participar y presentar una oferta en el proceso de venta.
“Con base a lo anterior, y en atención a los principios de transparencia, publicidad, concurrencia y equidad, principios rectores contemplados en la ley 16/2022 de Concursos y que rigen los procesos de venta de unidad productiva, primero, y bajo el amparo de la Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo que expresamente en sus considerandos indica que es necesario mantener y aumentar la transparencia ... para la obtención de resultados que sean favorables para la conservación de las empresas y para permitir una segunda oportunidad a los empresarios..., después, es por lo que solicito se tenga a por personado en el presente procedimiento para poder participar en el mencionado proceso de venta”, se detalla en el escrito.
Suspendida la vista de medidas cautelares
La administración concursal del Grupo Santana Cazorla había solicitado al Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria, para lograr una mejor solución del procedimiento concursal, que le autorizara iniciar un proceso de venta de unidad productiva, que hasta ahora no estaba valorada como tal. El objetivo de este movimiento era buscar precisamente la maximización de su principal activo, Grupo Anfi, y evitar así que Lopesan no pague el precio de mercado si quiere ese trozo del pastel.
El Grupo Santana Cazorla impugnó el pasado 22 de marzo todos los acuerdos adoptados en el consejo de administración de la empresa en disputa celebrado el 21 de febrero. El motivo de este movimiento, según se explica en un documento de 87 páginas al que ha tenido acceso este periódico, es la existencia de un conflicto de intereses de los consejeros sociales que dependen de IFA Canarias –compañía que forma parte del Grupo Lopesan–.
La vista de medidas cautelares que el Grupo Santana Cazorla solicitaba contra Anfi Sales y Anfi Resorts para conseguir la impugnación de los acuerdos del Consejo de Administración de febrero donde se aprobó una propuesta de convenio de acreedores por los consejeros de IFA Canarias, en un presunto perjuicio de los consejeros de Anfi que no estaban presentes, fue suspendida la semana pasada ante la incomparecencia del administrador de la concursal de Anfi, Enrique Sirera.