Tras permanecer intervenida durante casi siete años por los tribunales mercantiles de Tenerife, por fin concluyó el expediente del concurso de acreedores de Carcojana SL, empresa que gestionaba dos relevantes locales en el norte de la isla: el hotel Marte del Puerto de la Cruz y la popular Finca Saroga, en Los Realejos, destinada a bodas y banquetes.
Actualmente, la mansión donde antes se ubicaba la Finca Saroga se encuentra bajo la titularidad de una nueva dirección, con el renovado nombre de Finca Sulula, dedicada también a la celebración de eventos y que nada tiene que ver con Carcojana SL.
Carcojana instó suspensión de pagos en 2014. En el curso del sexenio que estuvo bajo supervisión judicial, la compañía recompuso su situación patrimonial. Mantuvo la cifra de negocio en torno de 1,5 millones anuales y saldó sus cuentas con beneficios acumulados de 345.000 euros.
Sin embargo, la irrupción de la pandemia trastocó los planes de forma abrupta. Tras la declaración del estado de alarma en marzo la administración concursal se vio forzada a dejar inactivos los dos recintos. A continuación, presentó expedientes de regulación para los 35 trabajadores.
Tras la reapertura de las islas al turismo, en julio ambos negocios tornaron a ponerse en marcha, pero la escasa afluencia de clientes obligó en septiembre a bajar otra vez la persiana. Desde entonces no la han vuelto a levantar bajo el pabellón de Carcojana SL.
La clausura se tradujo en una fuerte caída de las ventas, que pasaron de 1,4 millones a solo 442.000 euros. Las pérdidas se multiplicaron hasta 124.000 euros.
Una vez subastados los pocos activos que quedaban en el balance, el Juzgado de Santa Cruz ha dictado la conclusión del fallido y el cese de la intervención. Al mismo tiempo, ordena que Carcojana se extinga como sociedad mercantil. Los propietarios del negocio son Santiago Rodríguez García y Santiago Rodríguez Hernández.
Anju Restauración, en liquidación
En el capítulo de liquidaciones el Juzgado Mercantil de Santa Cruz ha declarado el concurso de acreedores de Anju Restauración SL y ha nombrado administradora concursal a la abogada Ainhoa Almazán Colomer.
La empresa no tendrá continuidad y va camino de desaparecer del censo corporativo inscrito en Hacienda, pues el juzgado ha ordenado la liquidación de los activos.
Anju, censada en la calle Juan de Austria del Puertito de Güimar, se constituyó en 1997 por impulso de Antonio Padilla Torres. Su objeto social consiste en explotar restaurantes, bares, cafeterías y todo tipo de establecimientos hosteleros. Padilla ha compartido el mando los últimos veinte años con su hermano Julio. Uno y otro son los administradores solidarios.
La sociedad se encuentra paralizada desde hace varios ejercicios. Los estados contables de 2020 incluyen un activo de 1,4 millones. Sus dos principales partidas son el inmovilizado material, por valor de 800.000 euros, y un bien tan intangible como los créditos fiscales frente a la Agencia Tributaria, contabilizados en 590.000 euros. La deuda se cifra en 1,2 millones, de los cuales 400.000 son préstamos bancarios.
Anju escritura un capital social de 10.000 euros. Además, los hermanos Padilla han aportado de su bolsillo 755.000 euros destinados a cubrir las reiteradas pérdidas, que alcanzan un total de 700.000 euros.
El historial de impagos de Anju incluye descubiertos con la Seguridad Social en el periodo 2013-2016.