Manuel Santana Cazorla se sienta este martes en el banquillo de la Audiencia de Las Palmas junto a otros dos altos cargos vinculados al Grupo Anfi: Arturo Ramírez González y Manuel Fernández González.
Este último se retiró de la política en 2014, tras 40 años años de ejercicio. En ese momento era vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias y coordinador de política regional del PP en las Islas.
Trayectoria
Además de número dos de los populares en el Archipiélago, Manuel Fernández ha sido diputado regional en cinco legislaturas, tres por El Hierro y dos por Tenerife, secretario segundo de la Mesa del Parlamento (1991-1999), consejero de Industria y Energía del Gobierno de Canarias (1987-1991) y consejero del Cabildo Insular de El Hierro (1991-1995), entre otros cargos.
Fernández estuvo investigado en el caso Salmón junto a José Manuel Soria, entonces vicepresidente del Gobierno de Canarias, una causa vinculada al desarrollo turístico del barranco de Tauro por parte de Anfi, la cual fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al no apreciar la magistrada instructora el delito de cohecho denunciado.
Vínculos
Durante el transcurso de esa investigación se reveló que Fernández, a la sazón secretario general del PP en Canarias, compaginaba su dedicación exclusiva de diputado con la de asesor del Grupo Anfi, un vínculo laboral que perdura en la actualidad, como acredita la acusación formulada por la Fiscalía de Las Palmas.
El ministerio público atribuye a Fernández, Manuel Santana Cazorla y Arturo Ramírez González un delito de administración desleal por varias operaciones que causaron un perjuicio económico a Anfi de 780.940 euros, cantidad que deberán devolver en concepto de responsabilidad civil si resultan condenados.
Fiscalía también reclama tres años de prisión para cada uno de los tres procesados, así como una multa de 15.500 euros (10 meses a razón de 50 euros diarios).
Contexto
Manuel Santana Cazorla es hermano de Santiago, fundador del Grupo Santana Cazorla, que mantiene una enconada disputa con Lopesan por el control de Anfi del Mar, líder en la modalidad de turismo a tiempo compartido con sus instalaciones en el sur de Gran Canaria.
Santiago Santana, tras una denuncia de su hermano, fue condenado a finales del año pasado por llevarse a Marruecos un barco de Anfi.
Este nuevo juicio, por tanto, es consecuencia de esas desavenencias familiares, sobre todo tras la entrada en escena de Lopesan, que compró a Manuel su parte del negocio y es el principal competidor del Grupo Santana Cazorla en los sectores de la construcción y el turismo.
Concurso e impugación
Anfi Sales y Anfi Resorts entraron en concurso de acreedores en 2021 debido a una deuda de más de 20 millones de euros con Isla Marina, empresa perteneciente al Grupo Lopesan.
En marzo del año pasado, un juzgado de lo mercantil aprobó el plan de viabilidad presentado por Anfi, que dio públicamente las gracias a Lopesan por la "contribución financiera" y el "esfuerzo" realizado a través de su filial IFA, garantizando el pago a los proveedores y la continuidad de la empresa, con 800 empleos directos y 2.500 indirectos.
Sim embargo, el Grupo Santana Cazorla ha impugnado los acuerdos del consejo de administración. Considera que existe un conflicto de intereses con los consejeros de IFA Canarias, compañía que forma parte de Lopesan.
Regalo
La sociedad fundada por Santiago Santana Cazorla, en líneas generales, sostiene que los consejeros de IFA y el administrador concursal de Anfi pretenden regalar la compañía a Lopesan, al tiempo que Santana Cazorla tiene el derecho estatutario de nombrar a la mitad de los miembros del consejo de administración.
El Grupo Santana Cazorla también señala como "consejeros de Lopesan" a los representantes designados por las compañías 947 MSC Inversión Internacional y 959 Oliva Inversión Internacional, dos empresas fundadas por Manuel Santana Cazorla –hermano de Santiago, propietario del grupo–.
El juicio que se celebra este martes en la Audiencia de Las Palmas afecta precisamente a la gestión de la empresa MSC 947 Inversión Internacional.
Abusos
Manuel Santana, que en abril de 2018 presidía Anfi Sales, "abusó de sus funciones" junto a Manuel Fernández, entonces miembro del consejo de administración en nombre de El Safe SA, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía.
Ambos se "pusieron de acuerdo" para indemnizar a Arturo Ramírez con 780.940 euros, tras votar a favor de finalizar su relación laboral con la empresa, donde trabajaba desde 2012 como director general institucional de las sociedades del grupo Anfi.
Beneficios
La acusación pública destaca que no existía un contrato por escrito que regulase el salario o la indemnización por la extinción de esa relación laboral.
Pese a la falta de cobertura legal para obrar de esa manera, ambos "beneficiaron" Ramírez "a costa" de Anfi Sales, añade el ministerio público.
Además, en calidad de consejeros mancomunados de Grupo Anfi, le volvieron a contratar como "asesor de estrategias", con una retribución fija de 144.060 euros en 12 mensualidades.