La consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha concedido la autorización administrativa a Enel Green Power España, filial de la multinacional italiana, para la instalación de un parque eólico de 10 MW dentro de la Central Térmica de Granadilla, en el sur de Tenerife.
La instalación, que se llevará a cabo de dos fases, deberá ejecutarse en el plazo de dos años y su presupuesto de ejecución material asciende a los 9,7 millones de euros. Dentro de ese tiempo se ha de solicitar la preceptiva autorización de puesta en servicio provisional de la instalación acompañada de la documentación establecida en el artículo 22 del decreto 6/2015.
Se estable a su vez la obligación de Enel de desmantelar la instalación y restaurar los terrenos una vez finalice su actividad o se haya observado la ausencia de producción de energía durante 12 meses consecutivos.
Utilidad pública
La consejería considera esta nueva instalación de utilidad pública según el artículo 54 de la Ley 24/2013 del sector eléctrico y el artículo 8 de la Ley 11/1997. Pese a ello puso algunas objeciones iniciales al proyecto tras lo que se realizaron cifras modificaciones.
Inicialmente se planteaba la colocación de siete aerogeneradores que ahora han sido sustituidos por dos de mayor tamaño, reduciendo de forma significativa el impacto ambiental del proyecto y las restricciones iniciales planteadas. Una vez modificadas la consejería aprobó la declaración de impacto ambiental.
Por su condición ope legis de utilidad pública, si hubiera que expropiar bienes o derechos necesarios para su implantación el órgano deberá analizar y establecer un juicio de los diversos intereses que concurren en el caso concreto, “que pueden obedecer a intereses privados, pero también a intereses públicos existentes en el ámbito concreto, objeto de solicitud expropiación”.
Según la resolución emitida por la consejería, se considera de interés público la instalación por “la necesidad de mejorar el sistema eléctrico de Canarias por medio de las energías renovables y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.
Esa consideración es lo que hace que, “de las alegaciones presentadas por los propietarios en la fase procedimental, no se puede deducir intereses particulares que hayan de anteponer el interés social que persiguen las energías renovables que es la mejor ambiental del sistema energético de Canarias”.
Con todo la resolución no pone fin a la vía administrativa, pues se pondrá Interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente, a la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse
Garantizar el suministro
Tal y como reza el texto, “el parque eólico deberá estar adscrito a un centro de control de generación que actuará como interlocutor en el operador del sistema, remitiéndole la información en tiempo real de las instalaciones, y haciendo que sus instrucciones sean ejecutadas con objeto de garantizar en todo momento la fiabilidad del sistema eléctrico”.
La línea de evacuación del parque discurrirá por márgenes de viales y zonas comunes del Polígono Industrial de Granadilla hasta la ubicación de la subestación eléctrica SE ITER.