Cepsa, a través de su filial en Canarias, Petrocan, está siendo investigada por un presunto fraude de 7,8 millones de euros a la Hacienda pública canaria, en un caso que también afecta al Gobierno de Canarias, pues la Fiscalía acusa a la agencia tributaria autonómica de dejadez tras recibir la misma denuncia que después puso en marcha las pesquisas del Ministerio Fiscal.
Para no perderse en el caso, resumimos lo más importante. Estas son todas las claves.
Qué se investiga
El Juzgado de Instrucción Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria investiga a la empresa Petróleos de Canarias SA, filial de Cepsa, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública. La investigación se centra en la importación y posterior venta de gasóleo en el Puerto Las Palmas como si fuera fuelóleo, cuyo gravamen es menor. También apunta a dos funcionarios de la Agencia Tributaria Canaria (ATC).
La investigación está bajo la tutela del juez Rafael Passaro y el fiscal Tomás Fernández de Páiz. La dinámica del fraude consistiría en que la empresa importaba un determinado combustible pero en el documento único administrativo a la importación le asignaba un código TARIC (código de arancel) propio de otro
Una vez que el producto llegaba a Canarias, se procedía a la comercialización del mismo bajo la denominación comercial diésel oil industrial/DO Industrial, considerándolo a efectos fiscales de aplicación, recaudación, repercusión y liquidación del impuesto como fuelóleo, en lugar de lo que era: gasóleo. La finalidad era la de pagar menos impuestos, ya que el tipo impositivo del fuelóleo es de 0,56€/tonelada métrica y el del gasóleo, 222€/1000 litros. La investigación de la fiscalía determina que durante el período comprendido entre los ejercicios 2016 y 2021, Cepsa podría haber cometido un presunto fraude de 7.773.298,38 euros
Cuándo comenzó la investigación
La investigación parte de una denuncia presentada por un empresario el 11 de marzo de 2021, aunque había una primera denuncia en 2019 ante la ATC. Los investigadores deducen que desde finales de julio de 2019 hasta el 1 de diciembre de 2021, 29 meses, la investigación dentro de la ATC estuvo paralizada sin justificación alguna. Es más, al denunciante se le abrieron dos inspecciones fiscales sobre los ejercicios de 2017 y 2019 en los que el requerimiento de la ATC estaba firmado por una de las investigadas. En total, la fiscalía requirió hasta en tres ocasiones a la ATC.
Ante la gravedad de los hechos, el juez adoptó en mayo medidas cautelares y prohibió, con carácter inmediato, todas las ventas del producto diésel oil Industrial/DO Industrial que pudiera efectuar la empresa Cepsa a terceros en las que no le aplicara y repercutiera la tarifa del impuesto especial combustible derivado del petróleo correspondiente de con la de gasóleo. Ante eso, el 5 de octubre, Cepsa dejó de atender los pedidos de diésel oil industrial alegando causas de fuerza mayor.
Quién ha declarado
El representante legal de Cepsa y dos ejecutivos de Petrocan ya han declarado ante el juez en calidad de investigados. También las dos funcionarias de la ATC: la entonces jefa de la Dependencia de Tributos a la Importación y Especiales —actual subdirectora de Tributos a la importación y Especiales— y la Subdirectora de Inspección y Planificación.
Por qué hay investigadas de la Agencia Tributaria Canaria
Los investigadores creen que dos responsables de la Agencia Tributaria Canaria (ATC) no tomaron ninguna medida destinada a comprobar lo denunciado para evitar su reiteración y sancionar a los responsables, a pesar de estar al tanto de los hechos. La denuncia presentada en marzo de 2021 ante la Fiscalía también se había puesto ante la ATC en 2019. En noviembre de 2020, el denunciante presentó una ampliación de la denuncia ante la ATC, en la que adjuntaba una prueba pericial realizada ante notario sobre el producto diésel oil elaborada por un laboratorio independiente que determinaba su naturaleza de gasóleo y no de fuelóleo, como se estaba vendiendo. Ambas están siendo investigadas por la presunta comisión de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos y de malversación de caudales públicos.
Qué es Petrocan
Petróleos de Canarias SA (Petrocan) es una filial de Cepsa, que posee el 100% de sus acciones, dedicada a la recepción, almacenamiento y suministro de combustibles marinos en los puertos de Las Palmas y Santa Cruz. En 2021, la compañía registró una cifra de negocio de 25,5 millones de euros y unos beneficios de 9,9 millones después de impuestos. Al cierre del pasado ejercicio contaba con 62 trabajadores en el Archipiélago.
La Compañía Española de Petróleos, S. A. U., conocida por el acrónimo Cepsa, es una empresa española con sede social en Madrid. Propiedad de Mubadala Investment Company. El presidente de Cepsa es Suhail Al Mazroui. Se fundó en 1929 y fue la primera compañía petrolera privada española.Cepsa es una empresa energética integrada que está presente en todas las fases de la cadena de valor del petróleo: Exploración y Producción de petróleo y gas, Refino, Transporte y Comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural, además de otros productos. Su primera refinería la tuvo en Tenerife en 1930.
Qué dice Cepsa
Cepsa espera que "la actuación de la justicia resuelva con prontitud la denuncia presentada por un competidor que se considera perjudicado por la fiscalidad" que aplica la empresa en el producto de diésel oil de uso industrial. "Cepsa aplica correctamente dicho impuesto conforme a la normativa vigente, y estamos convencidos de que el procedimiento judicial demostrará tal circunstancia", explica la compañía en declaraciones a Atlántico Hoy.