El Juzgado de Instrucción Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria investiga a la empresa Petróleos de Canarias SA, filial de Cepsa, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública. La investigación se centra en la importación y posterior venta de gasóleo en el Puerto de Las Palmas como si fuera fuelóleo, cuyo gravamen es menor. También apunta a dos funcionarios de la Agencia Tributaria Canaria (ATC).
Según ha podido saber Atlántico Hoy, la investigación –que está bajo la tutela del juez Rafael Passaro y el fiscal Tomás Fernández de Páiz– parte de una denuncia presentada por un empresario el 11 de marzo de 2021. La dinámica del fraude consistiría en que la empresa (Cepsa) estaba importando un determinado combustible (gasóleo), pero en el documento único administrativo a la importación le asignaba un código TARIC (código de arancel) propio de fuelóleo.
Una vez que el producto llegaba a Canarias, se procedía a la comercialización del mismo bajo la denominación comercial diésel oil industrial/DO Industrial, considerándolo a efectos fiscales de aplicación, recaudación, repercusión y liquidación del impuesto como fuelóleo, en lugar de lo que era: gasóleo. La finalidad era la de pagar menos impuestos, ya que el tipo impositivo del fuelóleo es de 0,56€/tonelada métrica y el del gasóleo, 222€/1000 litros. La investigación de la fiscalía determina que durante el período comprendido entre los ejercicios 2016 y 2021, Cepsa podría haber cometido un presunto fraude de 7.773.298,38 euros. Cada ejercicio en el que se hubiera producido ese fraude constituiría un delito contra la Hacienda Pública.
Dos funcionarios investigados
Cepsa espera que "la actuación de la justicia resuelva con prontitud la denuncia presentada por un competidor que se considera perjudicado por la fiscalidad" que aplica la empresa en el producto de diésel oil de uso industrial. "Cepsa aplica correctamente dicho impuesto conforme a la normativa vigente, y estamos convencidos de que el procedimiento judicial demostrará tal circunstancia", explica la compañía en declaraciones a Atlántico Hoy. El pasado martes declararon ante el juez, en calidad de investigados, los representantes legales de Cepsa y Petróleos de Canarias.
Petróleos de Canarias SA (Petrocan) es una filial de Cepsa, que posee el 100% de sus acciones, dedicada a la recepción, almacenamiento y suministro de combustibles marinos en los puertos de Las Palmas y Santa Cruz. En 2021, la compañía registró una cifra de negocio de 25,5 millones de euros y unos beneficios de 9,9 millones después de impuestos. Al cierre del pasado ejercicio contaba con 62 trabajadores en el Archipiélago.
Medidas cautelares
Ante la gravedad de los hechos, el juez adoptó en mayo medidas cautelares y prohibió, con carácter inmediato, todas las ventas del producto diésel oil Industrial/DO Industrial que pudiera efectuar la empresa Cepsa a terceros en las que no le aplicara y repercutiera la tarifa del impuesto especial combustible derivado del petróleo correspondiente de con la de gasóleo. Ante eso, el 5 de octubre, Cepsa dejó de atender los pedidos de diésel oil industrial alegando causas de fuerza mayor.
Todo ello en beneficio de la empresa que además adquirió una posición de dominio en el mercado al ofrecer gasóleo a precio mucho más competitivo que cualquier competidor que sí lo estaba tributando conforme a la ley, así como de los compradores que se estaban ahorrando la práctica totalidad de la carga fiscal del precio del producto. Eso sí, los investigadores destacan que el mayor perjuicio lo habría sufrido la Agencia Tributaria Canaria.