Al ritmo de Simon y Garfunkel resonaba el eco de los pozos del silencio en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) cuando fue preguntada por la sentencia -habrá recurso- que invalida la presidencia de Pedro Alfonso como presidente de la patronal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Atlántico Hoy quería conocer la posición de la organización dirigida por Antonio Garamendi a nivel estatal, cuyo departamento de comunicación trasladó a este medio que “en este momento estamos a lo que decida la propia organización, desde el máximo respeto”.
Las informaciones publicadas en la última semana no han pasado inadvertidas en los cenáculos de Madrid. “Claro que estamos al tanto porque se ha hecho público”, manifiestan desde la Península, “pero a partir de ahí, máximo respeto -una vez más- y a lo que decida la organización”.
Para finalizar la interlocución, un lacónico “vamos a esperar”.
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional
La opinión de la matriz de CEOE no debe pasar inadvertida, dado que Pedro Alfonso es miembro del Comité Ejecutivo Nacional desde abril de 2022, tres semanas después de haber sido proclamado presidente provincial, salpicado por acusaciones de irregularidad en el proceso.
Ante la hipótesis de futuras consecuencias de cara al comité nacional del que forma parte la patronal ha preferido no contestar.
La relación del presidente provincial y el estatal se remonta varias décadas atrás, según cuenta el periodista Andrés Chaves en Diario de Avisos. Alfonso presidió regionalmente a los Jóvenes Empresarios, asociación de la que fue consejero fundacional, según otras biografías. Durante esa etapa conoció a Garamendi.
Debía correr el año 1991 y Pedro Alfonso aun no había emprendido, si por ello entendemos crear una sociedad, según su perfil de LinkedIn. Consta que fue empresario en dos compañías desde 1990, en una no ofrece detalles y en otra figura como presidente (AG Trans y Alfonso Guimerá Asociados, respectivamente).
Tal y como desveló esta semana Atlántico Hoy, ambas empresas fueron constituidas mucho después. La primera casi dos años, la segunda más de cuatro.
El caso
La semana pasada trascendió a la opinión pública que la Justicia había declarado nulos los acuerdos adoptados en la Junta General de la CEOE el 21 de febrero de 2022 que llevaron al nombramiento de Eduardo Bezares como secretario general “a los efectos del proceso electoral” en el que salió elegido presidente Pedro Alfonso, anterior secretario general y único candidato al no conseguir Victoria González Cuenca los avales necesarios.
Esta nulidad suponía de facto la suspensión del nombramiento del actual mandatario, pero la patronal, como adelantó en exclusiva este medio, recurrirá el dictamen judicial.
Todo ello a raíz de una denuncia de González Cuenca y Ashotel, representante del gremio hoteleros en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que alegaban una serie de irregularidades alrededor del proceso que decantaban la balanza en favor de un candidato que ya era secretario general de la entidad.
Un cargo que llevaba desempeñando 24 años (con un periodo de excedencia durante su vicepresidencia de la ZEC) después de salir de la Dirección General de Promoción Económica a la que le aupó su amigo José Carlos Francisco, en aquel entonces Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y en el momento de las elecciones de la CEOE-Tenerife su presidente saliente.