La Confederación de Empresarios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (CEOE Tenerife) ha denunciado que la burocracia y una creciente actividad normativa merman la competitividad de las empresas y favorecen la economía sumergida.
En un comunicado emitido este lunes, la patronal resalta que, según datos obtenidos de BOE, en 2021 en España se aprobaron 851 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, un 7,3% más que el año pasado y a niveles de la primera década del inicio del periodo democrático.
Canarias, entre las que más regula
Las comunidades autónomas son responsables del 78% de las páginas publicadas en los Boletines Oficiales y en 2021 publicaron 846.446 páginas, un 24% más que el año anterior.
Canarias está entre las cinco regiones más prolíficas en materia regulatoria, con 57.858 páginas publicadas.
CEOE Tenerife mantiene que la "constante actualización normativa dificultó de sobremanera" la planificación de los sectores afectados por medidas sobre todo orientadas a la contención de la pandemia de COVID-19, obligándolas a "un gran esfuerzo para seguir el hilo del marco jurídico en el que operan".
Insiste en que "esta creciente actividad normativa, tanto a nivel estatal como autonómico, unida a la excesiva burocracia a la que tienen que hacer frente las pymes y emprendedores canarios, no solo dificultan sus posibilidades de crecimiento y expansión, sino que en muchos casos ponen en peligro su continuidad empresarial".
Falta de recursos
También afirma la CEOE Tenerife que la falta de recursos necesarios para poder hacer frente a toda la normativa vigente, "viéndose así mermadas sus aspiraciones de competir en igualdad de condiciones por destinar parte de su tiempo a labores no relacionadas con su actividad profesional".
Otra consecuencia relacionada con "la inseguridad jurídica" derivada del aumento legislativo es "la consagración de un sistema fiscal ineficiente que, a su vez, genera el indeseado incremento de la economía sumergida". La patronal tinerfeña propone contar con un sistema fiscal "más atractivo" y ello requiere, entre otras cuestiones, que se reduzca la carga administrativa a la que se somete a los empresarios desde incluso antes de comenzar con su actividad. Además, contar con una legislación "efectiva y simplificada" contribuiría a aliviar "el deterioro de la competitividad" de las empresas en la que dichas cargas derivan.
Abunda en que "la elevada cantidad de trámites burocráticos" provoca "una ralentización de la puesta en marcha de muchas inversiones locales e internacionales, para procesos tan simples como la creación de una empresa o la apertura de un establecimiento comercial".