El frente que tiene abierto Cepsa en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria no es poca cosa: una investigación por un supuesto fraude de casi ocho millones de euros a la hacienda pública canaria de su filial en el Archipiélago, Petrocan, entre 2016 y 2021 en el Puerto de Las Palmas.
El caso, que la Guardia Civil considera que puede ser sólo la punta del icerberg de algo más importante en el sector de suministros de hicrocarburos, requiere la atención del Gobieno de Canarias. Y no sólo por el importe presuntamente defraudado, sino porque porque están imputadas dos funcionarias de la Agencia Tributaria Canaria.