Javier Sánchez-Junco Mans, abogado del rey emérito Juan Carlos I, ha sido contratado por Cepsa para representarla en la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria por presuntos delitos contra la Hacienda pública canaria y que se centra en la importación y posterior venta de gasóleo en el Puerto Las Palmas como si fuera fuelóleo.
Sánchez-Junco, que fue contratado para la defensa del emérito en el caso de las comisiones procedentes de Arabia Saudí, tiene una extensa experiencia como fiscal en materia anticorrupción. Durante esa etapa procesó al exbanquero Mario Conde por el caso Banesto. El prestigioso jurista estuvo, durante 20 años, en destinos como la Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias y de Madrid, en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado y en la del Tribunal Constitucional.
Mario Conde y Jesús Gil, dos casos mediáticos
Su último destino fue la Fiscalía Anticorrupción, en la que pasó cinco años (1996-2001) y en la que se ocupó de uno de los asuntos más relevantes de aquella etapa en materia de corrupción, como fue la investigación a Conde por la desviación de fondos a países como Suiza como presidente de Banesto. Otro caso que también dio proyección mediática a Sánchez-Junco fue el de la malversación de más de 5.000 millones de pesetas de caudales públicos del Ayuntamiento de Marbella por parte del entonces alcalde de la localidad malagueña, Jesús Gil.
En 2001, tras dejar la carrera fiscal en excedencia, fundó el bufete que lleva su nombre y que se ocupa de defender a personas acusadas de delitos societarios, contra el patrimonio y contra Hacienda.
El 'caso Cepsa'
La Guardia Civil consideró que el presunto fraude cometido por Cepsa, es solo "la punta del iceberg" de un fraude mucho mayor, según un informe solicitado por la Fiscalía en las diligencias preprocesales. La dinámica del fraude consistiría en que la empresa estaba importando un determinado combustible, pero en el documento único administrativo a la importación le asignaba un código TARIC (código de arancel) de otro.
Una vez que el producto llegaba a Canarias, se procedía a la comercialización del mismo bajo la denominación comercial diésel oil industrial/DO Industrial, considerándolo a efectos fiscales de aplicación, recaudación, repercusión y liquidación del impuesto como fuelóleo, en vez de gasóleo. La finalidad era la de pagar menos impuestos, ya que el tipo impositivo del fuelóleo es de 0,56€/tonelada métrica y el del gasóleo, 222€/1000 litros. La investigación de la fiscalía determina que durante el período comprendido entre los ejercicios 2016 y 2021, Cepsa podría haber cometido un presunto fraude de 7,8 millones de euros.
También se investiga a dos funcionarias de la Agencia Tributaria Canaria (ATC): la entonces jefa de la Dependencia de Tributos a la Importación y Especiales —actual subdirectora de Tributos a la importación y Especiales— y la Subdirectora de Inspección y Planificación. Ambas están siendo investigadas por la presunta comisión de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos y de malversación de caudales públicos.