El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha otorgado a la entidad Canary Chandlers SL una concesión de dominio público en el puerto de La Luz de la capital grancanaria por un plazo de cinco años.
La sociedad deberá pagar, en concepto de tasas correspondientes al año 2024, alrededor de 45.000 euros por la ocupación privativa del dominio público, entre el terreno las obras e instalaciones, además de una tasa de actividad del 2% sobre el volumen de negocio neto anual.
El espacio cedido a la empresa dispone de 1.600 metros cuadrados de superficie y su fin es almacenar hierros navales, tanto en planchas como en tuberías y almacén de productos químicos.
Reciente condena
Esta concesión a Canary Chandlers se produce casi un año después de que la empresa fuese condenada -es la primera que reciben tras el veredicto, el 10 de junio de 2023-, junto a otras cuatro compañías y seis empresarios vinculados a ellas, por la operación Refresco, la mayor investigación a nivel europeo por venta de gas clandestino.
La Fiscalía pedía entonces tres años a los empresarios acusados de crear un ‘mercado negro’ de gases en el Puerto, pero tras un acuerdo de conformidad la condena se quedó en multas de 1.632 euros para cada uno de ellos.
Uno de los acusados era Víctor Hugo G.S.G., administrador de Canary Chandlers y Sermanol Canarias, otra de las empresas a través de las cuales las consignatarias implicadas en la trama adquirían el producto en el puerto de Las Palmas.
Tráfico de gas R22
El comercio de este gas, el R22, es legal pero está sujeto a un estricto control por parte de la Comisión Europea por su grave impacto sobre el medio ambiente, lo que lleva a una fiscalización de su origen, uso y trazabilidad, además de todos los datos del barco que lo recibe.
Según el Ministerio Fiscal, entre 2011 y 2012, fecha a la que se remontan los hechos, el puerto de Las Palmas de Gran Canaria se había convertido en uno de los principales puntos de importación en España del gas R22, y la Fiscalía sostenía que los acusados falseaban sistemáticamente los datos que facilitaban a la CE para obtener las autorizaciones sin las cuales no podían vender ese gas a buques no comunitarios (una operación que se considera una exportación).