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Canarias tendrá que devolver 50 millones a Endesa por los apagones

Transición Ecológica asegura que la devolución de la cuantía es a causa de "una caducidad en los tiempos de tramitación de los procedimientos en cuestión" durante el anterior Gobierno

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Semáforos afectados por uno de los apagones en Santa Cruz./ Redes

El Gobierno de Canarias tendrá que devolver a Endesa 50 millones de euros por los ceros energéticos sufridos en Tenerife y La Palma. Según informa la consejería de Transición Ecológica en un comunicado la devolución de la cuantía es a causa de "una caducidad en los tiempos de tramitación de los procedimientos en cuestión" durante el anterior Gobierno. 

En el comunicado, en el que no se menciona a Endesa sino a "las compañías eléctricas responsables", el Gobierno de Canarias informa que deberán devolver 49,66  millones de euros más intereses, que era el importe con el que se había sancionado a la empresa por los apagones.

Apagones

Se trata de los apagones que se dieron en 2018, 2019 y 2020 en Tenerife y en La Palma, que motivaron sanciones a Endesa pero que según el consejero del área, Mariano Zapata, se tendrán que devolver porque el anterior gobierno no "tuvo en cuenta los cortos plazos para su gestión". 

“El Gobierno anunció a bombo y platillo sanciones millonarias que ahora deberemos devolver, y además con intereses, elevando esa cifra a más de 50 millones, por falta de una tramitación adecuada”, opina Zapata. Añaden en el comunicado que las sanciones deberán abonarse ahora y no antes “al determinarse en los Tribunales recientemente estas consideraciones y dictarse sentencia en firme, ante recurso de las empresas afectadas por estos plazos”.

Modificación

Ante esta problemática, quiso destacar que “en apenas cinco meses al frente del Gobierno, pusimos solución al problema, modificando la Ley 11/1997 del 2 de diciembre de regulación del sector Eléctrico Canario, que contó con en consenso unánime del parlamento canario”. De este modo, según explicó, “garantizamos que, ante futuros casos, contemos con una Ley que dé mayor seguridad jurídica en todo el procedimiento sancionador, ampliando los plazos de los 3 meses que se contemplaban a los 18 meses que recoge la Ley Estatal”. 

“Gracias a ello, en caso de necesidad, el Gobierno podrá contar con plazos más amplios para sancionar a las empresas del sector eléctrico que cometan algún tipo de infracción muy grave, y que han sido las responsables de situaciones como la sufrida el pasado mes de julio en la isla de La Gomera, con un apagón general, evitando repetir así los errores del pasado”.