El Gobierno de Canarias tomó en 2001, cuando Román Rodríguez (NC) estaba al frente del Archipiélago, la decisión de aprobar una moratoria turística. A partir de ahí se limitó la construcción de nuevas infraestructuras como hoteles o apartamentos porque las Islas necesitaban un respiro. Muchos empresarios vieron cómo varios de sus terrenos pasaron de ser urbanizables para uso turístico a suelo rústico.
Es el caso de Lopesan, entidad que recurrió a la justicia ocho años después para recuperar la posibilidad de construir en diferentes parcelas. La sentencia dio la razón en 2013 a Eustasio López —quien lo reclama para terrenos ubicados en San Bartolomé de Tirajana—, propietario del grupo. Ahora el Gobierno de Canarias resolverá los procedimientos con el objetivo de reclasificar el suelo.
La sentencia
Además, hay otros empresarios interesados en el mismo asunto. Onán Cruz, director general de Ordenación del Territorio en el Ejecutivo regional, detalla a Atlántico Hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias falló a favor de los demandantes y proceden a cumplirlo.
Para entender el tema, que es más sencillo de lo que parece, se debe armar un puzzle porque el contexto siempre es fundamental. La solicitud de Lopesan se remonta al 13 de noviembre de 2009, momento en el que la Consejería de Política Territorial recibió un escrito de Eustasio López, documento donde pedía una modificación puntual del planeamiento general.
Ubicación de las parcelas
Su petición se hizo para todos los terrenos en los que quería recuperar el uso turístico. En el escrito reclamaba, además, la opción de recibir una compensación económica “y disponer de lo preciso para el pago de su importe”. La Sala Segunda del TSJC acordó “condenar a la Administración demandada a resolver los procedimientos de reclasificación de suelo y de fijación de la indemnización”.
Las parcelas propiedad de Eustasio López en las que dentro de poco tiempo se podrá volver a construir si el empresario lo considera oportuno están en Maspalomas Resort y Meloneras Golf. En el escrito que envió al Gobierno hizo referencia al artículo 17.1. de la Ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.
La modificación
“El Gobierno, a propuesta de las consejerías competentes en materia de ordenación del territorio y de economía y hacienda, podrá optar, con anterioridad a la aprobación de la modificación puntual del instrumento de planeamiento general cuando resulte conveniente por la enajenación a terceros de la propiedad o el derecho de superficie en su caso condicionada a la materialización de su aprovechamiento”, reza la norma.
El Ejecutivo autonómico publicó este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) tres resoluciones de la Consejería de Política Territorial, área que dirige Manuel Miranda, sobre tres de las parcelas. El propósito es sacar a información pública de la evaluación ambiental estratégica.
La antigua ley
Onán Cruz subraya que una vez esté concluida “se hará la modificación definitiva y el suelo volverá a tener la categoría que tenía antes de la sentencia”. “Hay que preparar la documentación, es un procedimiento para cumplir la sentencia del TSJC”, añade.
Apunta que en los boletines que vean la luz durante los próximos días saldrán otras parcelas porque en total suman unas 36. “La antigua ley decretó que todos los suelos que no estaban desarrollados pasaban a ser de suelo rústico, les daba un plazo para anunciar su intención de desarrollo se pasaba a rústico”, incide.
Indemnización
Las sentencias tienen más de una década y el actual Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para ejecutar lo dispuesto por la justicia. Los expedientes ya se han ido poniendo en marcha como se puede consultar en diversos documentos firmados a finales de diciembre por Miranda a los que ha tenido acceso este periódico.
El caso llegó hasta el Tribunal Supremo (TS), donde se desestimó un recurso interpuesto “por la Comunidad Autónoma de Canarias”. La Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronunció también sobre la indemnización: “Como hemos venido argumentando, la sentencia recurrida no reconoce derechos indemnizatorios alguno, sino que procede a configurar una especie de derecho al trámite”.
Papel del Ayuntamiento
El 26 de mayo de 2022, el Gobierno de Canarias estableció que la modificación debía correr a cargo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, pero después de que transcurriera el plazo de seis meses el trámite pasó a manos de la Consejería.
Merece la pena resaltar que la Consejería de Transición Ecológica estableció en 2023 que a través del área que dirige Mariano “se realicen los trámites necesarios que posibiliten la redacción y tramitación de la modificación del instrumento de ordenación general del municipio de San Bartolomé de Tirajana”.