CaixaBank ha habilitado un plan de medidas de apoyo por valor de 20 millones de euros para los damnificados por el incendio forestal que afecta a la isla de La Palma y que ha dañado numerosas edificaciones y explotaciones agrícolas y ganaderas, así como bienes y enseres personales de los vecinos de los municipios de Puntagorda y Tijarafe.
Una primera medida se destinará a anticipar el cobro de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras, de forma que los afectados puedan recuperar cuanto antes sus bienes dañados, permitiendo el rápido acceso a las compensaciones pagaderas por Agroseguro o los consorcios de seguros correspondientes.
Más ayudas
La segunda línea de apoyo a los afectados por los incendios se canalizará a través de AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, y se orienta a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para la adecuación necesaria para continuar su actividad. En ambos casos, el tipo de interés será preferente y los plazos de amortización oscilan entre un año, para la línea de anticipo de los cobros procedentes de las compañías aseguradoras, hasta cinco años para la línea de ayudas para la reconstrucción de las fincas dañadas.
Desde la Dirección Territorial de la entidad financiera en Canarias se ha venido trabajando en los últimos días para que los afectados por el incendio puedan beneficiarse de estas ayudas que ya están disponibles a través de cualquier oficina de la red de CaixaBank en La Palma.
Compromiso
“Tenemos un compromiso firme con la isla de La Palma que se hace más intenso en momentos tan difíciles como este. Queremos estar al lado de las personas, agricultores y ganaderos que se están viendo afectados por el incendio para, a través de las mejores soluciones financieras, ayudarles en estos momentos y garantizar la continuidad de su actividad”, ha asegurado Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias.
Por su parte, la Fundación la Caixa colaborará con las entidades sociales de La Palma en la cobertura de las necesidades básicas de los vecinos que han tenido que abandonar sus hogares y no han podido regresar a los mismos por los daños ocasionados en sus viviendas.