Manuel del Castillo, director general de Cajasiete y Andrés Calvo, presidente de la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias SGR (Avalcanarias) han renovado el convenio que fija las condiciones de colaboración entre ambas entidades, para la realización de una oferta global de prestación de servicios coordinados a los asociados de Avalcanarias, que sirvan de apoyo al desarrollo de su actividad económica, mejorando la gestión, productividad e innovación tecnológica.
Por este convenio, cuyo ámbito de aplicación será la Comunidad Autónoma de Canarias, Cajasiete mantiene una línea de crédito hasta 30 millones de euros para operaciones avaladas por Avalcanarias, con posibilidades de ampliaciones sucesivas previo acuerdo de las partes. El conjunto de operaciones con un mismo cliente o grupo económico no podrá superar la cifra de un millón euros, pudiéndose estudiar cualquier propuesta que supere este límite.
Las pequeñas y medianas empresas y profesionales constituyen la base de la economía y un elemento importante en la creación de riqueza y puestos de trabajo. Por ello, mediante la renovación de este convenio, Cajasiete quiere resolver el principal problema al que se enfrentan las Pymes, Autónomos y Profesionales a la hora de acceder a la financiación por su incapacidad para aportar garantías suficientes.
Con este convenio Cajasiete reconoce la suficiencia de la garantía que presta AvalCanarias a sus clientes, y establecen por ello una serie de condiciones preferenciales que, generalmente, no podrían ofrecerles sin contar con dicha garantía.
Como novedad, se incluye para este nuevo convenio, una línea de Digitalización y Sostenibilidad. Además, se contemplan préstamos para inversión de activo fijo, inversión de activo circulante, adquisición de inmuebles, leasing inmobiliario, y pólizas de crédito para circulante en condiciones ventajosas para los asociados de Avalcanarias. Asimismo, se incluye cualquier otra línea financiera o ayuda que se concrete por ambas partes, tales como préstamos ICO y medidas de apoyo específicas a las pymes por parte de las Administraciones Públicas.