"Ganamos tiempo", asegura el ministro de Salud, Ginés González García, al aprovechar la lejanía de Argentina de los países con mayor circulación del virus para repartir respiradores a hospitales de todo el país, adquirir insumos críticos y sumar el número de camas de internación en terapia intensiva disponibles a nivel nacional, que por ahora ascienden a unas 8.560 entre los sectores público y privado.
Argentina registró su primer caso de COVID-19 el 3 de marzo y poco más de dos semanas después ordenó el aislamiento social preventivo obligatorio: actualmente suma 1.628 casos confirmados, de los cuales 53 fallecieron y otros 325 recibieron el alta médica, mientras que unas 93 personas se encuentran internadas en terapia intensiva.
Hospital móvil instalado por el ejército en Buenos Aires | EFE
CONTROVERSIAS POR LOS RESPIRADORES Y CON EL SECTOR PRIVADO
El sistema de salud argentino tiene sus particularidades, con una enorme red de prestadores privados y sindicales que atiende a los clientes de la medicina prepaga, a socios de las obras sociales sindicales y provinciales y de la mutual de jubilados PAMI, que cuenta con cerca de seis millones de afiliados, más un servicio sanitario público nacional, provincial y municipal abierto y gratuito para toda la población que lidia muchas veces con la falta de insumos y presupuesto.
Ante este escenario sanitario complejo y la urgencia de la pandemia, desde el Gobierno se insistió en brindar una atención equitativa a una sociedad con más de un tercio de la población en la pobreza y enormes desigualdades, pero no todas las iniciativas fueron bienvenidas.
La propuesta del ministro de Salud González García de coordinar de forma centralizada desde el Estado los recursos de atención y las camas disponibles en los sistemas público y privado de salud, generó controversia, ante el temor de algunos sectores de una nacionalización de las compañías de medicina prepaga. Finalmente, fue dejada de lado, a pesar de que desde la cartera sanitaria se insiste en que todos los ciudadanos accedan a un servicio "igualitario".
También causó cierta polémica la decisión de González García de acaparar la distribución "equitativa" de los equipos de respiradores desde el Gobierno nacional, por lo que decidió comprar la producción local, pese a que provincias y municipios ya habían encargado -y en algunos casos incluso pagado- equipos a los fabricantes privados.