El medio ambiente no es una prioridad para los ayuntamientos canarios

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La Audiencia de Cuentas ha puesto de manifiesto la falta de prioridad que tiene en general para los ayuntamientos canarios la gestión medioambiental, así como la escasa relevancia que dan a esta área en sus planes de desarrollo y en los recursos financieros.

Esta situación figura en un informe de la Audiencia de Cuentas presentado este lunes en comisión parlamentaria por su presidente, Pedro Pacheco. En él se constata "una débil visión de conjunto de la problemática ambiental", que los municipios abordan de forma sectorializada.

El informe está circunscrito a los 42 ayuntamientos canarios con más de 10.000 habitantes desde enero de 2017 a mayo de 2018. Esto dio pie a algunos representantes parlamentarios a apuntar que la concienciación medioambiental en la sociedad y en las instituciones ha avanzado desde entonces.

La limitación de recursos humanos y económicos destinados por los ayuntamientos a la gestión medioambiental y la falta de cultura para incorporar la participación pública en la toma de decisiones son algunas de las deficiencias detectadas.

Falta de recursos en medio ambiente

De los 42 ayuntamientos analizados, 17 no disponían de unidades específicas dedicadas exclusivamente a la gestión medioambiental. Diez de ellas ni siquiera tenían personal con competencias en la materia.

Entre los 25 ayuntamientos que sí disponían de unidades o departamentos específicos, no había técnicos especialistas suficientes en medio ambiente. En diez casos de hecho no había ninguno.

Quince de los ayuntamientos analizados no estaba integrado en agrupaciones con objetivos medioambientales, como la Red Española de Ciudades por el Clima, la Red Española de Ciudades Saludables, la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad o el Pacto de los Alcaldes.

Diecisiete de los 42 estaban apuntados a la Agenda 21 Local, si bien diez de ellos solo como una simple declaración de intenciones porque ni siquiera realizaron un diagnóstico de su situación medioambiental. Los otros siete no culminaron el procedimiento previsto.

Tan solo cinco ayuntamientos tenían implantados sistema de gestión medioambiental (SGM): Las Palmas de Gran Canaria, Arona, Puerto del Rosario, Ingenio y Pájara. Además, seis contaban con una política medioambiental implantada: Las Palmas de Gran Canaria, Arona, Agüimes, Teguise, Pájara y San Miguel de Abona.

De las entidades fiscalizadas, 27 no realizaron ninguna actuación de inspección y control medioambiental sobre posibles infracciones de la normativa.

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