La Guardia Civil precisó este miércoles en un comunicado que hace unos días se alertó al Centro Coordinador de Emergencias Insular de una situación de emergencia, por lo que se destinaron los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a la situación, comprobándose una vez en el lugar que se trataba de una falsa alarma.
El director insular de la Administración General del Estado, José Carlos Hernández, ha confirmado la apertura de diligencias por parte de la Guardia Civil con el fin de esclarecer lo sucedido e identificar al autor de las llamadas, ya que podrían ser constitutivos de un delito tipificado en el Código Penal.
Ante supuestos como este del Código Penal establece penas de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a 18 meses a quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento.