El Gobierno no se siente obligado a crear una oficina de migrantes desaparecidos

Tubigú

El Gobierno de España considera que no hay ninguna "normativa nacional ni internacional" que le obligue a crear una oficina de información a las familias de los inmigrantes desaparecidos en la Ruta Canaria, como le han pedido varias ONG y el propio Secretariado de Migraciones de la Iglesia.

23.023 inmigrantes llegaron en patera el año pasado a Canarias, de acuerdo con el balance oficial que ha publicado el Ministerio del Interior, pero la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) calcula que al menos 600 perdieron la vida en el intento.

Esta cifra se califica de "estimación mínima", porque reconoce que se le escapan naufragios de los que no tiene datos.

Estimaciones

De hecho, el colectivo Caminando Fronteras eleva el número de muertos y desaparecidos en esa zona del Atlántico a 1.851 personas, a partir del seguimiento que hace de la ruta en contacto con familias de los emigrantes.

Cruz Roja calcula que el flujo de pateras hacia las islas tiene una tasa de mortalidad de entre el 5 % y el 8 %. Si esos porcentajes se aplican a los 23.023 llegados a Canarias en 2020, la horquilla de víctimas oscila entre las 1.151 y 1.841.

Esos números han llevado a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a referirse a la Ruta Canaria como la más mortífera del mundo en estos momentos. Sin embargo, hasta finales de diciembre, solo se habían recuperado 164 cuerpos, según datos facilitados a Efe por la OIM, y la gran mayoría sin identificar.

El resto, se tome la cifra que se tome como referencia, son desaparecidos, una circunstancia que explica que de forma constante familias de inmigrantes se acerquen a los campamentos de emergencia de Canarias a pedir información sobre parientes que saben que se subieron a un cayuco pero de los que no tienen más noticias (pasó en el muelle de Arguineguín y ocurre ahora en el centro de Barranco Seco) o busquen ayuda en las ONG o las parroquias.

La respuesta del Ejecutivo, fechada el 20 de enero, es breve: "No existe normativa nacional, ni internacional que fije la obligación de disponer de (un) punto de información a las familias de los inmigrantes irregulares llegados a España", dice la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.

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