El Gobierno de España ha pisado el acelerador para tener implementado el impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales. Una medida auspiciada por la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y que supone una oportunidad para mejorar la competitividad del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias y su instrumento más potente para la atracción de empresas, la Zona Especial Canaria (ZEC).
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ya ha sacado a consulta pública la norma para la transposición al derecho español de la directiva europea, que tendrá carácter de obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2024.
Hay que recordar que esta tributación mínima afecta a muy pocas empresas a nivel mundial, no siendo aplicable a las que facturen menos de 750 millones. Por ello el presidente de la ZEC, Pablo Hernández González-Barreda, confirma a Atlántico Hoy que “esto va a afectar a Canarias mínimum minimorum” porque sus incentivos fiscales “están muy alineados con las reglas del impuesto mínimo y sus exclusiones están muy en coincidencia con los preceptos del REF”.
Calcula Hernández González-Barreda que el 99% de las empresas de la ZEC no estarán afectadas, y en relación a las entidades que facturen más de 750 millones de euros, considera que “Canarias no perderá competitividad porque la directiva prevé una exclusión de aquellas empresas con trabajadores y activos en el territorio”.
Propuestas de la ZEC
La ZEC propondrá ajustes para aprovechar la oportunidad del impuesto mínimo europeo para mejorar la competitividad fiscal, tal y como ha adelantado su presidente a Atlántico Hoy. “Lo que queremos que la recaudación del impuesto mínimo se destine a las administraciones que gestionan el REF canario, fundamentalmente al Gobierno de Canarias y al Consorcio de la Zona Especial Canaria”, explica Hernández, para con ello otorgar “ayudas muy específicas a los sectores que queremos potenciar, básicamente en I+D+i, creación de empleo y actividades de innovación y tecnológicas".
Habla también de potenciar los créditos monetizables, que en el ámbito fiscal están completamente excluidos del impuesto mínimo. “Queremos sugerir alguna mejora en algún crédito monetizable para que para que coja fuerza”, reconoce el presidente del consorcio.
En cualquier caso, asegura que “la exclusión no es una opción porque es el peor de los mundos. Las reglas están hechas de forma que, si el impuesto mínimo no lo recauda España, el resto de los países con alguna conexión con la empresa, tienen derecho a cobrarlo, y te quedas sin el efecto económico del REF y sin la recaudación”.
Pionera en baja tributación
Como trasladó recientemente Hernández González-Barreda a los asesores fiscales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en unas jornadas promovidas por la ZEC, “esta normativa realmente ataca a aquellas jurisdicciones fiscales que promueven mejoras fiscales sin sustancia, artificiales, con sociedades cascarón vacías de actividad”.
Por ello Canarias está a salvo de modificaciones que pueden hacer menguar su competitividad al ser pionera en baja tributación basada en sustancia, por lo que desde el consorcio se entiende que esta medida es una gran ventaja.
“Lejos de una amenaza, la ZEC puede estar ante una oportunidad única, ya que es un ejemplo internacional de incentivo fiscal legítimo que cumple con los estándares internacionales El hecho de ser un organismo legítimo le otorga un mejor posicionamiento”, concluyó el presidente de la ZEC.
Impuesto mínimo global
El impuesto mínimo global es una iniciativa propuesta por la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), apoyada por los gobiernos del G20 para fijar un impuesto mínimo universal para las grandes compañías que las obligará a tributar al menos un 15% del Impuesto de Sociedades en todos los países donde desarrollen activad empresarial.
Se busca acabar con la deslocalización fiscal artificial, mecanismo por el que las grandes compañías establecen sus sedes en jurisdicciones con una fiscalidad reducida y tributan en estas por todos los ingresos que perciben en diferentes países.
El objetivo es asegurar que contribuyan en territorios donde realizan sus negocios.