El AIEM, ese gran desconocido. Un impuesto al que de tanto en cuanto se culpabiliza del encarecimiento del precio de la cesta de la compra pero que casi ningún actor relacionado con el mismo se atreve a denostar.
Este Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías, que entró en vigor en 2002 en el marco del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, recaudó el pasado año casi 11 millones de euros más que en 2021 solo en los productos básicos, 36,5 millones de euros frente a los 25,6 del ejercicio precedente.
En total, el AIEM recaudó 234 millones en 2022. El tope de recaudación pactado con Europa se establece en 150 millones, si bien el anterior viceconsejero de Hacienda y Asuntos Europeos, Fermín Delgado, explicaba a principios de año que ese máximo se basa en las ventajas fiscales que obtienen las empresas a las que protege este impuesto. En cualquier caso, contando solo esas ventajas el pasado año estuvo a punto de superarse esa cifra.
Repercusión negativa
Este martes la nueva directora general de Energía del Gobierno de Canarias, Ana Zurita, manifestó en Canarias Radio que “el AIEM hay que revisarlo. Eso está clarísimo, porque además está repercutiendo negativamente en muchas cuestiones”. Algo que ha confundido al sector primario.
Zurita reconoció en la radio pública que no puede aventurarse a dar una “solución concreta” porque aun están “empezando”, pero conocen las demandas del sector y hay “un problema importantísimo con saber qué pasa con nuestro producto, con la revisión de los costes tipo de los transportes”.
En este último casi argumenta que se trata de “temas transversales” que incumben solo a Industria sino también a Transportes, “y no solo a nivel Canarias, sino a nivel nacional, porque son cosas que no fijamos aquí”.
“No lo tenemos claro”
“No nos queda muy claro lo que ha querido decir.”, asegura a Atlántico Hoy Theo Hernando, secretario general de ASAGA Canarias, con respecto a las declaraciones de la nueva responsable de Energía. “Creo que está llegando al puesto y no sabe muy bien de lo que está hablando, porque confunde algunas cosas”.
Entre ellas, cuenta Zurita entre las cuestiones en las que puede influir el AIEM en las exportaciones, “pero es que el AIEM es exclusivamente para las importaciones, entonces no sabemos muy bien lo que quería decir”, dice Hernando.
Lo más relevante quizás es que hable de modificar o revisar el AIEM cuando eso se produce cada cuatro años. “Todos los sectores -entre los que se incluye productores, importadores o patronales industriales como Asinca- lanzamos propuestas cada dos años que se valoran en una mesa de negociación”, que luego pueden o no admitirse.
Es más, el AIEM podrá comenzar a ser revisado en el próximo ejercicio de 2024, tal y como establece el Decreto-ley 21/2020 que entró en vigor en 2021 y que marcaba la imposición de los casi 160 productos de importación que se encuentran gravados.
Se debe justificar
Con el objetivo de favorecer la producción de bienes y servicios propios del Archipiélago, el AIEM grava las importaciones de ciertos productos que tienen un peso importante en la economía de las islas, y su imposición va del 5% al 15% (25% en el caso del tabaco).
En cada revisión para justificar la subida o bajada de la imposición se tienen que comprobar una serie de parámetros, como el porcentaje de producción local en la cuota de mercado o los puestos directos o indirectos que genera esa producción en Canarias.
“Las cosas se tiene que justificar”, ahonda el secretario general de Asaga. “Al igual que hay empresas que cierran, dejan de producir y se baja o se quita el impuesto, hay montón de cosas en el AIEM (de alimentación, pero también tuberías o persianas) que si aumentan la producción en Canarias hacen que suba” el gravamen.
“Si quiere revisar estas cosas, bien, nosotros también. Al fin y al cabo es lo que se hace”, finaliza Hernando.
El sector industrial
Pese a que este medio no ha podido recabar la opinión de Asinca, la Asociación Industrial de Canarias, según declaraciones de su presidente Raúl García Pascual a Canarias7 en febrero, la patronal está en sintonía con las declaraciones de Asaga.
Ante la pregunta de si estaría dispuesto a revisar el AIEM, García Pascual responde que “el Aiem se revisa y se supervisa con cierta periodicidad y se justifica, y esto va a un informe de la Unión Europea. Este tributo está fiscalizado”.
Recuerda que “hace poco se hizo una y se sacaron varios productos. Asinca y otras organizaciones participamos activamente en la construcción del AIEM, metiendo y sacando partidas y lo hacemos desde hace muchos años”, más de 40 años de este arancel que es una política económica muy extendida en más mercados además del canario.
Aseguraba entonces el presidente que con este impuesto “Canarias no interviene el mercado sino facilita determinadas actividades para que se genere empleo y riqueza”.
¿Qué decían los políticos?
Si bien el debate no está de plena actualidad, más pronto que tarde se abordará de nuevo una cuestión recurrente en el ámbito político, más aun si el desabastecimiento de papas y su consecuente subida de precio trae de nuevo a la palestra lo prohibitivo de la cesta de la compra en el Archipiélago.
Poco antes de convertirse en el vicepresidente del ejecutivo regional, el popular Manuel Domínguez, aseguraba a este medio que lo necesario para el AIEM es buscar la fórmula ‘’que permita su adaptación y sea mucho más flexible para no seguir en la línea que se encuentra en la actualidad’’.
A su entender este impuesto tiene que cumplir el objetivo para el que nace, que es proteger la producción interior y la industria canaria en particular, por lo que es necesario su flexibilidad y adaptación a los tiempos.
Por su parte el actual consejero de Agricultura, Narvay Quintero, comentaba que lo que ayudaría a los precios es la actualización de los costes tipo, sin actualizar desde 2019. “Hemos solicitado al Gobierno de Canarias que lo verdaderamente necesario es la actualización de los precios a la actualidad”. Entonces el expresidente Ángel Víctor Torres aseguraba que en marzo se iba a proponer actualizar los costes tipo de compensación del transporte. Seis meses después, eso no ha sucedido.