Canarias vive en una paradoja. Cada año recibe más turistas, el número de parados acumula varios meses en descenso, en febrero lideró la creación de empresas y firmas de innovación tecnológica o la industria audiovisual eligen las Islas para desarrollar sus proyectos. Sin embargo, pese a esos datos que deberían retratar cierta salud económica, la pobreza se ha convertido en asunto crónico en el Archipiélago.
El último informe Arope, de octubre del año pasado, alertaba que el 13,2% de la población de Canarias vive en una situación de pobreza severa. Y si hablamos de personas en riesgo de pobre y/o exclusión, el rango se amplia hasta el 36%. ¿Por qué sucede eso cuando se supone que la principal industria de la autonomía, el turismo, va como una locomotora? Razones hay muchas, pero una es fundamental: el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una quimera para muchos habitantes de las Islas.
Urgente
En un escenario así, con asociaciones civiles movilizándose y la imposibilidad de acceder a una casa mutando en cabreo generalizado, el Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes en materia de Vivienda que, como se apunta desde el propio Ejecutivo autonómico, sólo será el primer paso de una bateria de acciones.
Puede que la ley de Vivienda impulsada por la Consejería de Obras Públicas, con Pablo Rodríguez al frente, se quede a medias, que algunas disposiciones no funcionen o que incluso otras sean un fracaso, pero lo que es evidente es que el Gobierno de Canarias no se podía quedar de perfil ante un problema así que afecta a tantos ciudadanos de las Islas. Era necesario actuar y el primer paso ya se ha dado.