La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha mostrado sorpresa y preocupación por las palabras de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila solicitando una moratoria urgente para la vivienda vacacional en la isla con el objetivo de "frenar la creciente crisis de la vivienda que afecta a los residentes".
En un comunicado remitido a los medios, la presidente de ASCAV, Doris Borrego, cuestiona la efectividad de culpar a las viviendas vacacionales de la crisis habitacional, aun reconociendo que existe un problema grave de acceso a la vivienda de alquiler para los residentes en Canarias.
La asociación subraya que la vivienda vacacional no es la principal causa de esta crisis, como se ha intentado transmitir. Según la asociación, la verdadera raíz del problema radica en una serie de factores estructurales y legislativos que han afectado el mercado inmobiliario de la región.
"Efecto llamada"
ASCAV denuncia que la propia Consejería de Turismo ha contribuido a crear un "efecto llamada" desde octubre del año pasado, al anunciar una posible nueva Ley de Vivienda Vacacional que podría incluir una moratoria. Esto ha llevado a una avalancha de inscripciones de viviendas como vacacionales, muchas de las cuales no se utilizan con ese fin, sino que fueron registradas "por si acaso".
Además, ASCAV alerta sobre el creciente número de grandes tenedores que han registrado promociones completas de viviendas en construcción o complejos turísticos como vivienda vacacional, lo que podría distorsionar aún más el mercado.
Frente a esta situación, ASCAV propuso hace meses a la consejería una moratoria de un año para consensuar una normativa que se ajuste al modelo real de vivienda vacacional, un modelo que permite a las familias canarias participar activamente en el turismo y que aporta beneficios tanto a los propietarios como a la sociedad en general. Sin embargo, la asociación insiste en que el foco no debe desviarse del problema principal: la falta de vivienda residencial asequible.
Crítica a la Ley de Vivienda
ASCAV critica duramente la Ley de Vivienda estatal, que, según ellos, ha desprotegido a los propietarios y expulsado el 40% de las viviendas del mercado de alquiler debido a la falta de seguridad jurídica.
Este vacío ha llevado al 20% de estas viviendas a convertirse en vivienda vacacional, mientras que el resto ha sido vendido o cerrado. Además, la asociación señala que la construcción en los municipios turísticos se ha centrado en hoteles, complejos turísticos y viviendas de lujo para inversores, en lugar de viviendas asequibles para la población local.
El problema se agrava aún más por la falta de acción del gobierno en las últimas décadas. Canarias cuenta con un parque público de vivienda inferior al 1% del total, comparado con el 2,5% de la media estatal y el 9,3% de la media europea. Además, más de 211.000 viviendas están vacías, según el INE, lo que representa un lastre significativo para la situación de la vivienda en el archipiélago.
Garantías
ASCAV ha propuesto que el Gobierno de Canarias garantice a los propietarios de viviendas vacías el alquiler a precio de mercado, incentivando así su regreso al mercado de alquiler. Sin embargo, lamentan que hasta ahora, solo se ha conseguido que una vivienda se ponga en alquiler a través de un programa de 7 millones de euros.
A pesar de la crítica situación, ASCAV reitera su disposición a colaborar con los gobernantes para buscar soluciones efectivas. No obstante, lamentan la falta de diálogo con la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con quienes no han logrado establecer un acercamiento hasta la fecha, a pesar de haber solicitado reuniones. La asociación espera que se abra un canal de comunicación para abordar conjuntamente este desafío que afecta a toda la sociedad canaria.