El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha iniciado las gestiones para admitir a trámite un recurso contencioso administrativo anunciado por el Grupo Domingo Alonso contra un acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) que permite a Boluda subarrendar una parte de su terminal a Carcanarias Logistics SL para almacenar coches en el Puerto de Las Palmas.
Carcanarias está integrada por Grupo Ari, Blas Cabrera Medina y Toyota Canarias. Son, por tanto, competidores directos de Domingo Alonso, que intenta anular la autorización concedida a Boluda, con la finalidad de cerrar las puertas del puerto a sus rivales en el negocio de la automoción.
Estreno
Ambos grupos empresariales inauguraron sus instalaciones en el Puerto de La Luz el mes pasado, con la asistencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, entre otras autoridades.
Tras la puesta de largo de los dos proyectos, sin embargo, late un conflicto soterrado por rentabilizar la inversión y monopolizar la logística de las importaciones de vehículos a Las Palmas.
Los automóviles, desde hace 20 años, llegan a la terminal de Boluda, y desde allí son recogidos en jardineras por los concesionarios para venderlos.
Competencia
La apertura de almacenes o silos de coches en el mismo puerto permite a las empresas reducir costes y desplazamientos, entre otros beneficios, pero Boluda, además, tiene un acuerdo con la naviera Suardiaz para descargar en su terminal todos los automóviles que llegan a Las Palmas.
Ese acuerdo, en la práctica, proporciona una posición de ventaja a Carcanarias, que dispone de espacio para dejar los coches estacionados en el mismo muelle, limpiarlos y entregarlos cuando lo requiera el concesionario, mientras que Domingo Alonso está obligado a llevarse sus unidades en jardineras a la dársena de África, porque allí es donde está su autoterminal, con seis plantas de altura, capacidad para 6.000 coches y una inversión de 26 millones de euros.
Origen
La intención de recurrir y de anular el acuerdo que permite a Boluda ceder 1.200 metros de suelo a Carcanarias no es nueva. Domingo Alonso, a través de varios consejeros del Puerto, ya intentó el pasado mes de julio que el asunto se quedase sobre la mesa del consejo de administración, pero finalmente salió adelante.
Desde entonces es un secreto a voces en el Puerto de Las Palmas que el negocio de los coches acabaría en la jurisdicción contencioso administrativa.
Argumentos
Tras la reclamación previa ante la Autoridad Portuaria, Domingo Alonso ha anunciado su recurso a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que ha reclamado el expediente a la administración para admitirlo a trámite.
En líneas generales, a falta aún de presentar la demanda y de emplazar a las partes, Domingo Alonso plantea que Boluda ejerce una actividad industrial ajena a la autorizada en su terminal, como es la preparación de automóviles.
Habitual
Fuentes del sector explican que es habitual en el puerto subarrendar hasta el 30 % de una terminal a terceras empresas, siempre y cuando la actividad a desarrollar coincida con la permitida por la administración en la concesión de dominio público portuario.
La terminal de Boluda está enfocada al movimiento de contenedores y mercancía, una actividad totalmente compatible con la descarga y almacenamiento de los coches, tal y como acredita el acuerdo suscrito desde hace décadas con Suardiaz para transportar los automóviles.
Lo que pone en duda Domingo Alonso es que tengan cobertura legal para "inspeccionar y preparar" coches "previa entrega", con el argumento de que ese servicio constituye una actividad industrial distinta a la de la terminal.
Obra previa
Boluda, antes de ceder el espacio a Carcanarias, obtuvo autorización del Puerto para hacer la obra y adecuar una parte de la terminal al nuevo servicio, que, básicamente, consistió en rotular el suelo para aparcar los vehículos, montar un tren de lavado para limpiarlos y levantar una carpa para dejarlos a cubierto.
Los jueces, ante la falta de acuerdo de las empresas implicadas, son los que deberán aclarar si ese servicio básico de limpieza constituye un uso industrial distinto al permitido en la terminal.