El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que obliga al Gobierno a volver a regular el precio de referencia del gas natural en Canarias y Melilla, tras considerar que la actual normativa no contempla de manera adecuada los costes asociados a la puesta en puerto del combustible en estos territorios. La decisión, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), responde a un fallo emitido en julio de este año.
El tribunal ha estimado parcialmente los recursos presentados por Endesa Generación y Unión Eléctrica de Canarias (Unelco) contra una orden ministerial de 2022 que regulaba las subastas para el suministro de combustible y la determinación de su precio. Los magistrados consideran que el artículo 13.3 de esta orden es "contrario a derecho" por no incluir los costos logísticos de llevar el gas natural a las islas y Melilla, lo que infringe el principio de "retribución suficiente" en la fijación del precio.
Nueva regulación
El fallo del Tribunal Supremo especifica que la Administración deberá regular nuevamente el precio de referencia del gas natural para Canarias y Melilla, incluyendo los costes de transporte o justificando de manera "razonable y coherente" por qué estos gastos no se han abonado hasta la fecha. Esta medida responde a la necesidad de cumplir con el principio de retribución suficiente, que garantiza que los operadores reciban una compensación justa por los costos reales que implica el suministro de gas en territorios alejados de la península.
La sentencia también establece que el precio de referencia se calculará mensualmente como la media aritmética del precio medio ponderado de todas las transacciones en productos Diarios (D+1 en adelante) y Fin de Semana -cuando aplique- con entrega al día siguiente de gas natural en el Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS). Este mecanismo permitirá que el precio se ajuste de forma dinámica, reflejando las variaciones del mercado.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo corrige la normativa vigente y establece un precedente para garantizar que los costos adicionales asociados al suministro de gas en territorios no peninsulares sean debidamente contemplados en la regulación de precios.