La Federación de Empresas de Transporte de Canarias (FET) ha expuesto a través de un comunicado el colapso que se produce en el Punto de Inspección Fronteriza (PIF) del Puerto de Las Palmas. Desde la entidad manifiestan que se ha convertido en “un tapón” para las mercancías que requieren de operaciones de inspección, lo que conlleva a que los camiones que portan los contenedores “deban esperar jornadas enteras”, afectando al servicio.
Esta situación ha llevado a que los transportistas pidan una solución a las instituciones pertinentes, pues el problema se ve agravado en esta época del año con la llegada de mercancías para la precampaña navideña. El sector se plantea la posibilidad de cesar la prestación de los servicios al PIF si no se garantiza una planificación específica.
Cese de los servicios
La Asociación de Empresas de Transporte de Mercancías (ASEMTRA) ha trasladado a la FET el “enorme malestar que sufren los transportistas por jornadas perdidas que luego son imposibles de repercutir a los clientes”, así como “los reiterados retrasos en la entrega de mercancía al destinatario final”.
Los transportistas se plantean la posibilidad de cesar de manera colectiva la prestación de los servicios al PIF si “no se garantiza un funcionamiento adaptado a la demanda actual”, pues consideran que es inasumible la pérdida de tiempo en los controles y en consecuencia, los retrasos y atención a la clientela.
Una solución inmediata
Denuncian que es inviable que, a pesar de tener una cita a primera hora para la revisión de un contenedor, no se quede liberado hasta el mediodía. Sobre todo en la época navideña en la que se producen picos de actividad por el incremento de la demanda de mercancía. El sector indica que no se ha establecido ninguna planificación especial por parte del PIF para evitar un colapso.
La solución que proponen desde la Delegación del Gobierno, entidad de la que depende el servicio de inspección del PIF, y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, es la construcción de unas nuevas instalaciones en el plazo de unos dos años, según explica la FET. No obstante, el sector solicita una medida de carácter inmediato que permita operar con normalidad, pues se suma la falta de espacio con la escasez de técnicos habilitados para las inspecciones.