El Gobierno de España ha acordado conceder de forma directa a la empresa Telefónica una subvención de 6.647.244,67 euros para desplegar un cable submarino entre la Península y la isla de Gran Canaria. La intención de este proyecto es el refuerzo de las interconexiones del territorio nacional, especialmente centrada en el despliegue del 5G.
La subvención directa se ha acordado a través de un real decreto que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. Destaca el Gobierno central el “papel estratégico” de los cables submarinos, “ya que la gran mayoría del tráfico internacional de datos se transmite a través de ellos”.
En el centro del tráfico de datos
Por ello, y por su relevancia para la economía global, apuntan que los Estados “deben adoptar políticas para permitir flujos de información y datos de red eficientes, redundantes, resilientes y seguros”. De hecho, la Unión Europea presentó en febrero una recomendación sobre infraestructuras de cables submarinos con un conjunto de acciones a nivel nacional y de la Unión Europea destinadas a mejorar la seguridad de su red.
“España está estratégicamente situada como punto de entrada y salida de cables submarinos entre Europa, África y América”, contextualiza el real decreto, por ello señalan que España es “un importante centro para el tránsito global de datos, donde las grandes empresas tecnológicas invierten cada vez más en la instalación de estas infraestructuras”.
Necesidad de subvención
Asimismo, apuntan que la conectividad de los territorios insulares depende en gran medida de estas infraestructuras, pero señalan que pese a la importancia de esta infraestructura, “ese tipo de proyectos suelen ser comercialmente inviables sin ayuda pública”. De ahí la gran inversión que desde la Unión Europea se ha puesto en marcha para el refuerzo de la red europea.
Tal y como recoge el real decreto, la concesión directa se justifica en la ley general de subvenciones, que establece que se pueden conceder de forma directa y con carácter excepcional las subvenciones “en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”.
Asegurar la inversión
Además señala el propio documento que ese interés se concreta en que contribuye a “asegurar la inversión de una infraestructura estratégica y clave para lograr el objetivo de convertir a España en el hub de la conectividad digital del sur de Europa”.
El Gobierno central también justifica la concesión directa en la singularidad del proyecto “al haber sido seleccionado para su financiación en la convocatoria de 2023 del Programa CEF Digital con una cantidad de ayuda inferior a la solicitada y tratarse de un tramo transfronterizo de una red de cable submarino que mejorará la conectividad de regiones ultraperiféricas e insulares cuyos puntos de amarre se sitúan en territorio nacional”.
La empresa deberá presentar antes del 1 de diciembre de 2025 una memoria del proyecto compuesta por una memoria técnica de actuación y una memoria económica del coste de las actuaciones realizadas.