La preocupación e incertidumbre por la llegada de los VTC y el comienzo del uso de la aplicación de Uber en Canarias siguen pesando al sector del taxi en las Islas. Por ahora todo permanece en el aire a la espera de decisiones de gobiernos y sentencias de tribunales. Las cosas de palacio van despacio, pero los taxistas tienen claro que esperan que su entrada sea “acorde a la necesidad y no de forma salvaje”, apunta Juan Artiles, presidente de la Federación Regional de Taxis de Canarias (FEDETAX).
No obstante, Artiles va más allá y expone que esta situación no solo va a tratarse de un “taxi contra VTC y Uber”, sino que “va a desequilibrar completamente el mercado del transporte de viajeros en Canarias”, ante el número de licencias solicitadas, que calcula en “cerca de 4.000” en los cabildos del Archipiélago, y “más” que creen se puedan pedir, por lo que “a la larga esto nos va a afectar a todos”.
Tomar medidas
Los taxistas son “conscientes de que las cosas cambian” y que hay que adaptarse, señala Artiles, pero teniendo “clara” la posición tanto del Gobierno como de los taxis en las Islas para llegar a plantear una forma de que “no vengan” los VTC o que su entrada sea “acorde a la necesidad y no de forma salvaje”.
Desde Fedetax han mantenido reuniones tanto con las cooperativas que componen la entidad, “para informarles del tema y que todo el mundo sepa lo que nos estamos jugando y hacia dónde vamos”, así como con las autoridades competentes “para pedirles que se tomen las medidas que se puedan para evitar este desastre”.
Principal petición del sector
La principal petición del sector del taxi en este sentido se basa en el desarrollo de un modelo que permita “saber exactamente cuántas licencias caben en cada isla para cumplir con la norma”, indica el presidente de Fedetax - que considera que de por sí ya hay “suficientes” e incluso “de más” - y así “se pueda establecer el número correcto de VTC que caben en Canarias”.
En cuanto al ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis en el Archipiélago - establecido por la Ley 13/2007 de Transporte por Carretera aprobada por el Gobierno de Canarias en 2019 -, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) añadió en una sentencia que se establecerá en base a una condiciones objetivas bien sea medioambientales de carga de carretera de ocupación del territorio, relata Artiles.
Servicio público y privado
Ángel Hernández, presidente de Autaxi en Gran Canaria, tiene claro que los VTC llegarán, pero quiere que “se regule bien” y “todos juguemos con las mismas cartas”, siendo el mayor miedo “la competencia desleal”. Destaca que, por ejemplo, ya juegan de por sí con una diferencia de salida, la diferencia de la imposición de tarifas, ya que los VTC “ponen sus precios” y los taxistas dependen de las administraciones. Puntualiza así el caso de Las Palmas de Gran Canaria, que es “la segunda ciudad, después de Ceuta, con la tarifa más baja” del país.
El presidente de Autaxi cuenta, asimismo, que a los VTC “no les interesa determinadas carreras”, por lo que las zonas turísticas serán las primeras en vivir este fenómeno. Aspecto al que se suma Artiles declarando que, en este sentido, este tipo de vehículos “no ofrece un servicio público y no va a estar para una emergencia”, sino que se trata de un “servicio estrictamente privado” que “no va a resolver ningún problema” de movilidad ni de déficits de taxis - algo que apunta no es así, sino que depende de las administraciones que “no toman las medidas para que los taxis estén trabajando en la calle cuando les toca” -.
Por lo que, “a lo mejor un cliente paga un servicio por la mañana a seis euros y por la noche igual cuesta 18 euros”, todo dependiendo de lo que indique el algoritmo sobre el estado de las carreteras. El servicio de los VTC “reza con el mercado y termina poniendo las condiciones como quieren”.
A la espera con incertidumbre
El sector afronta el futuro de esta situación con “preocupación e incertidumbre”, manifiesta Artiles, pero “intentando que las cosas se hagan con lógica en base al territorio que tenemos”. Esa es la idea que defienden, aunque son conscientes de que dependerá de lo que desarrolle el Ejecutivo y apliquen las sentencias del Tribunal Europeo.