Solo dos municipios canarios promueven intervenir los precios de los alquileres

Recientemente La Orotava se ha sumado a Las Palmas de Gran Canaria entre los territorios que apuestan por regular el precio del arrendamiento

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Cartel de alquiler en una vivienda en Tenerife, Canarias. / ATLÁNTICO HOY
Cartel de alquiler en una vivienda en Tenerife, Canarias. / ATLÁNTICO HOY

Pese a que hay varios municipios de las Islas que podrían intervenir en los precios del alquiler por ser zonas tensionadas, en Canarias solo hay dos instituciones locales que se han mostrado a favor de esta acción. Recientemente La Orotava se ha sumado a Las Palmas de Gran Canaria entre los territorios que apuestan por regular el precio del arrendamiento en aquellas zonas donde su constante aumento asfixia a las familias. El último informe sobre el estado de la vivienda en Canarias del diputado del común ya avisa de la necesidad de regular el mercado del alquiler. 

La declaración de zona tensionada atañe a las zonas donde los habitantes dedican el 30% de sus ingresos a la vivienda o bien cuando el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, de media el desembolso que hace un canario en alquiler, agua, electricidad o gas ya supone el 30,6% de sus gastos, aunque puede superar el porcentaje en base al lugar de residencia y su renta. Asimismo, los últimos datos del Índice de condiciones de vida del INE sitúan a Canarias como la comunidad donde mayor población tiene un gasto elevado en vivienda, en concreto el 14,8%, frente al 9,2% nacional y al 9,1% de la Unión Europea. 

Hacia la regulación

Frente a esta situación ya hay instituciones actuando. Una moción de Asamblea por la Orotava apoyada por todos los grupos representados en el pleno, incluido el PP, ha iniciado el trámite para que el municipio pueda poner en marcha la limitación de los alquileres. Según la portavoz de la Asamblea, Aída Salazar, en el municipio “es prácticamente imposible conseguir una vivienda digna a un precio asequible”. Además, tacha de “precios prohibitivos” lo que ofrecen “las pocas viviendas que hay en el mercado en comparación con los salarios medios”, ha denunciado. 

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La Orotava, Tenerife. / PIXABAY

Las Palmas de Gran Canaria es el otro municipio que promueve implantar esta medida que ofrece la ley de vivienda. Desde el Gobierno local, tanto la alcaldesa, Carolina Darias, como la concejal de Unidas Sí Podemos Gemma Martínez han mostrado su predisposición a elaborar un plan para solicitar al Gobierno de Canarias que apruebe la declaración como zona tensionada. Aparte de ser una de las zonas con precios más caros para el alquiler, la capital de la provincia ha sufrido una caída del 42% del alquiler de larga estancia en el último trimestre, según Idealista.

Rechazo en La Laguna 

En La Laguna, sin embargo, la propuesta de Drago Verdes Canarias, apoyada por Unidas Sí Podemos, no ha conseguido el aval ni del grupo de gobierno, el PSOE, ni de Coalición Canaria , Partido Popular y Vox para ser aprobada. La intención era declarar toda La Laguna como zona tensionada e implantar una moratoria a la vivienda vacacional. 

Según el portavoz de Drago Verdes Canarias en el consistorio, Alberto Rodríguez, el incremento de los precios del alquiler se debe “al aumento exponencial de la oferta de vivienda vacacional, a la creciente turistificación y a un proceso de gentrificación que continúa expulsando a las vecinas y vecinos de las zonas más céntricas del municipio”. El partido socialista lagunero toma un rumbo diferente al de Las Palmas y al de La Orotava al no poner en marcha el mecanismo de una ley que ha sido impulsada por ese partido a nivel nacional. 

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Decide el Gobierno

La última palabra de si finalmente estos municipios podrán regular los alquileres la tiene el Gobierno de Canarias que es quien puede aprobar la declaración de zonas tensionadas de los municipios. La posición del Partido Popular, encargado del área de Vivienda, pasa por la no regulación, en la línea de evitar el intervencionismo. La solución que buscan es apostar por algo que sí puede hacer el Estado: invertir en vivienda pública para añadir más oferta al mercado. Sí se regulará, sin embargo, el alquiler vacacional, cuestión que está actualmente sometida a consulta ciudadana. 

Entre los municipios que podrían declarar esta situación están las dos capitales canarias y varios municipios del sur de las islas capitalinas, especialmente por la baja renta que se da en estas zonas y por el alto precio de los alquileres. 

La situación de Canarias

El Archipiélago tiene fuertes carencias en materia de vivienda que con el paso del tiempo se van agravando. Los alquileres están en paulatino aumento y se enfrentan al cambio de tendencia de los rentistas que apuestan cada vez más por la vivienda vacacional que da más beneficios que una vivienda tradicional. 

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Viviendas en Las Palmas de Gran Canaria. / PIXABAY

El último informe de la situación de la vivienda del diputado del común ya avisa de que "el aumento del precio de adquisición de la vivienda libre en propiedad, unido a la nula capacidad de ahorro de las rentas más bajas -también escasa en determinados sectores de la población, como el de la juventud, por su reciente entrada al trabajo y la precariedad laboral-, así como las dificultades de acceso a la financiación, tensionan también el mercando de la vivienda en alquiler". 

En el documento, se analizan las grandes dificultades que enfrenta el sector de la vivienda, como la escasez en la apuesta por la vivienda pública, las carencias estructurales que sufren muchos hogares o el "elevado porcentaje del salario dedicado a la compra, al alquiler y al pago de los servicios asociados como consecuencia de las tensiones del mercado". De hecho ya señala que "la vivienda ha pasado de ser un bien social a ser un bien de consumo, un bien de mercado". Por ello, el documento recomienda "limitar el porcentaje de ingresos" que se dedica a los gastos del hogar "en el límite establecido, por la Unión Europea, del 30% del total de ingresos de cada hogar, a través de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda".

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