Continúa el ciclo de comparecencias de expertos económicos para abordar la reforma en profundidad del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias en el Parlamento regional. Este jueves ha sido el turno de José Ramón Barrera, comisionado del REF, que ha traído a la cámara una batería de propuestas sobre las que centrarse de cara a repensar el fuero de los canarios.
Antes de comenzar, conviene repasar la realidad macroeconómica de las Islas. Barrera ha destacado un Producto Interior Bruto (PIB) estancado y en decadencia, con cada vez mayor divergencia respecto a España y a la Unión Europea. Condición que, para colmo, se agravará cuando se reformule el mecanismo para calcular el PIB canario desde el Instituto Nacional de Estadística, que lleva décadas inflando las cifras por aplicar los porcentajes impositivos peninsulares en lugar de los canarios.
Esta divergencia en el PIB afecta al PIB per cápita, que se traduce en salarios menores en Canarias, una renta neta de los hogares "cada vez menor y sin visos de equilibrarse" y la acumulación de la riqueza en manos de cada vez menos canarios, con un paulatino borrado de las clases medias. El riesgo de pobreza en el Archipiélago está ya, además, en torno a nueve puntos porcentuales por encima de la media española.
Caída de la productividad por exceso de capital
Barrera ha destacado que esta progresión macroeconómica está ligada a que el uso que se ha dado al REF en las últimas décadas ha propiciado lo que en economía se conoce como principio de productividad marginal decreciente. Esto es, disminución de los ingresos de la producción a medida que se añaden unidades productivas.
Explicado con palabras más llanas, cuando hace décadas el REF, a través de sus instrumentos, comenzó a incentivar que en Canarias creciese la formación bruta de capital, esto significó un avance -viniendo de unas tasas de productividad muy bajas- hasta que la simple suma y suma de bienes de producción sin haber hecho un esfuerzo por invertir en la formación del capital humano (los trabajadores) dejó de ser interesante.
En consecuencia, explica Barrera, la variable de la productividad no ha aumentado debido a que hay una excesiva acumulación de capital en las Islas, y el REF no ha podido revertir esta tendencia porque, paradójicamente, los principales incentivos de éste usados en las últimas décadas han propiciado aumentar esa acumulación, si bien es cierto que la RIC y la DIC cada vez se usan menos.
Esta situación, sumada a otros condicionantes como la incertidumbre jurídica respecto al REF, la dificultad de acceso a sus datos, las distorsiones que se pueden producir en el REF (de las cuales ha profundizado más el economista Gustavo Alonso Marrero, invitado también este jueves a la comisión para la reforma del fuero) y la baja competitividad fiscal, han llevado al comisionado del REF a plantear una serie de siete recomendaciones para el Parlamento.
Siete propuestas
En primer lugar, Barrera ha instado a los grupos a "no pedir al REF más de lo que puede dar", entendiendo que no se puede esperar que sea la solución a todos los problemas macroeconómicos de Canarias, sino una serie de "palancas" para igualar las normas del juego con respecto a España y Europa.
En segunda instancia, ha recomendado explorar vías para evitar que las empresas navieras salgan del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras (REBECA) y abanderen sus barcos en otras regiones fiscalmente más competitivas (como Madeira), trasladando allí su actividad y desaprovechando los incentivos fiscales de Canarias. En paralelo, propone tomar como partida el régimen fiscal de REBECA para replicarlo en empresas que lleguen a Canarias de sectores poco implantados.
Una tercera propuesta ha sido crear una oficina estadística para el seguimiento del REF que permita conocer sus datos con mucha más facilidad para ser capaces de anteponerse a situaciones sobrevenidas.
Asimismo, como cuarta sugerencia ha detallado que debería refundirse toda la normativa que alude al REF en un solo texto para dotar de mayor seguridad jurídica a las empresas que usan sus mecanismos. En quinto lugar, muy ligado a lo anterior, Barrera propone dotar de mayores competencias a la Agencia Tributaria Canaria, tanto para mejorar esa seguridad jurídica como para hacer más fluido el registro de los datos del REF.
Sus dos últimas propuestas aluden a impulsar la comisión bilateral Canarias-Estado para mantener al día los asuntos más relevantes de financiación ligados al fuero canario; y atajar los problemas de la doble insularidad en materia de oportunidades de creación empresarial con los instrumentos fiscales del REF.
Más allá de definir estas propuestas, Barrera ha explicado, a petición de los Grupos Parlamentarios, la propuesta de descuentos en el IRPF y exenciones en la Seguridad Social que lanzó hace meses.
Reducción del IRPF
La deducción del IRPF -que PSOE y Nueva Canarias han tildado de "ocurrencia"-, según plantea Barrera, no sería general sobre todos los ingresos, sino que debe aplicarse únicamente a las rentas del trabajo y de actividades económicas, para incluir a los autónomos.
Esa deducción podría alcanzar hasta el 60% de la cuota íntegra (un porcentaje variable y decreciente en función de los ingresos) y hasta un nivel máximo que se podría situar en los 39.000 euros en tributación individual o los 52.000 en tributación conjunta.
Según los cálculos del comisionado, el coste de una medida así, que según su criterio no afectaría a la justicia social ni rompería la progresividad del sistema tributario, podría alcanzar los 350 millones de euros, aunque se reduciría a 200 millones si se tienen en cuenta los efectos positivos en la recaudación por otros conceptos asociados.
No se trata de que Canarias sea "un paraíso fiscal", puesto que nunca se aplicaría a las rentas de capital ni a las plusvalías, sino "una efectiva compensación por la residencia en Canarias" que aumentaría la renta disponible de los hogares.
El objetivo es situar a los trabajadores y autónomos canarios en condiciones de igualdad con los residentes en la península, insistió Barrera, y equiparó la medida compensatoria a los complementos salariales que reciben los funcionarios del Estado en Canarias por la lejanía y la insularidad.
Exención de la cotización a la Seguridad Social
También plantea el comisionado una exención en la cotización a la Seguridad Social no con carácter general, pero sí en el caso de colectivos vulnerables como los parados de larga duración, los menores de 25 años y los mayores de 52.
Barrera defendió además la necesidad de apoyar a las empresas de nueva creación o emergentes con deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades y bonificaciones en la Seguridad Social para aquellas que se acrediten como nuevos proyectos en sectores con escasa implantación en las islas.