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Economía

El Servicio Canario de Empleo convoca ayudas para personas paradas que impulsen negocios propios

Con tres modalidades de subvenciones —establecimiento como persona trabajadora autónoma, financiera o asistencia técnica—, la cuantía máxima se sitúa en 10.000 euros

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Desde este martes y hasta el 2 de octubre, las solicitudes ya se pueden tramitar por vía telemática / EFE

El Servicio Canario de Empleo (SCE) convoca las subvenciones a personas paradas para su constitución como trabajadores por cuenta propia durante 2023 con un importe inicial de 12,5 millones de euros, una dotación presupuestaria con posibilidad de posteriores ampliaciones. Publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la resolución contempla la concesión de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva para la promoción del empleo autónomo con la finalidad de facilitar a las personas desempleadas en el archipiélago su alta en los regímenes especiales de trabajo por cuenta propia.

Con tres modalidades de subvenciones —establecimiento como persona trabajadora autónoma, financiera o asistencia técnica—, la cuantía máxima se sitúa en 10.000 euros en función de la dificultad para el acceso al mercado laboral por la pertenencia a diferentes colectivos.

Novedades

Como novedad, las personas interesadas con alta a partir del 31 de enero deben presentar un plan económico y financiero o plan de empresa de la actividad correspondiente a la subvención solicitada, un documento confeccionado a lo largo de los seis meses anteriores o posteriores a su inscripción como autónomo o autónoma y validado tanto por las cuatro cámaras de comercio canarias, las confederaciones empresariales de las dos provincias o las fundaciones de las universidades públicas como por las administraciones locales —cabildos, ayuntamientos o entidades dependientes— tras la firma del convenio de adhesión a la nueva herramienta Plan de empresa del SCE.

Desde este martes y hasta el 2 de octubre, las solicitudes ya se pueden tramitar por vía telemática a través de la sede electrónica de la administración autonómica, con un plazo máximo de resolución de seis meses.