Ayer se conocía el fallo del Tribunal General de la Unión Europea (UE) que decretaba la suspensión de los acuerdos de comercio y pesca entre la UE y Marruecos. Una consecuencia de una reclamación del Frente Polisario que argumentaba que los marroquíes comerciaban con las riquezas y el territorio del Sáhara Occidental sin tener la soberanía para ello.
Esta decisión supone un nuevo capitulo de las frágiles relaciones entre España y el país africano que afecta de especial manera a Canarias, cuyos intereses pesqueros en la zona convergen con los de Marruecos, y que encontraron en los acuerdos suscritos con la UE un marco legal que apaciguó otros conflictos como el de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) o los derechos de exploración y explotación submarina.
Una desavenencia histórica
La pugna por la influencia sobre las aguas que circundan la Comunidad Autónoma hasta la costa saharaui ha sido tradicionalmente fuente de fricciones entre España y el Marruecos.
El país Alauí ha llevado a cabo en los últimos años una política expansionista en estos términos.
Las 200 millas náuticas de ZEE que les reconoce la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 fueron extendidas el pasado año -justo al inicio de la pandemia por Covid-19- a 350 millas náuticas acogiéndose a la posibilidad que se les brindaba como plataforma continental, según establece la citada Convención.
Esa extension de sus aguas se hace en base al reconocimiento del Sáhara Occidental como territorio marroquí. En medio se encuentra el Archipiélago Canario, al que, desde su enclave más cercano al continente, solo separan 60 millas náuticas (casi 100 kilómetros).
Un conflicto difícil de resolver
Para el geólogo y paleontólogo Francisco García-Talavera el impulso que dio Trump a Marruecos reconociendo el Sáhara como parte de su territorio fue clave para que Marruecos tomara esta decisión, y “España no es capaz de tomar la iniciativa”. Por ello considera que la mejor solución sería que “Canarias pudiera gestionar su ZEE”. Una opción solo posible si el Estado concediera a Canarias el estatus de estado archipielágico o le confiriese plena autonomía interna, “una figura contemplada en la Constitución”.
Para el geólogo, España ha tardado mucho en delimitar las aguas de Canarias, algo que, por poner un ejemplo, sí hizo Portugal con las Azores y Madeira a finales de los 70 del siglo pasado, lo que nos dejó “con solo 12 millas náuticas de aguas territoriales”. De fondo estaba, según el entrevistado, el conflicto que desembocó en la descolonización del Sáhara Occidental por parte de España y las complicadas relaciones con el país vecino.
“Para Marruecos, sus aguas exclusivas cubren casi por completo a Canarias, como se ve en muchos mapas de los líderes de allí”, afirma. “Y ahora están envalentonados con este tema”.
Tierras raras
La inclusión de las aguas que pertenecerían al Sáhara incluyen una serie de yacimientos de bancos submarinos que hay al suroeste de El Hierro. En ellos se ha hallado recientemente una gran cantidad de las denominadas “tierras raras”en el denominado Monte Tropic. Nódulos de manganeso ricos en cobre y níquel y también de teluro, muy cotizados en la actualidad por ser considerados el “oro tecnológico”, pues son vitales para la fabricación de dispositivos como los teléfonos móviles, sensores o condensadores.
No obstante, García-Talavera reconoce que se terminarán extrayendo, pero “aun no existe la tecnología para ello porque está como a 1500 metros de profundidad o más, y entrarían en juego otras consideraciones como las medioambientales”. Y habría que dirimir de quién son -España, Marruecos o el Sáhara-, por lo que el movimiento de los alauís “puede ir en esa dirección”. Tampoco cree que tomen acciones unilaterales “porque la comunidad internacional se les echaría encima”.
La nueva situación en las aguas
Los bancos de pesca que se hallan entre las costas canarias, saharauis y marroquíes son de los más ricos del mundo, contando en sus aguas con espcecies de gran valor alimentario como el atún rojo, una especie migratoria muy codiciada y con una cuota de pesca muy reducida.
En la actualidad son 93 los barcos españoles que faenan en aguas saharauis de los 128 totales. El fallo del Tribunal General de la UE obliga a las partes, salvo recurso -todo invita a pensar que será interpuesto-, a mantener los pactos por un período de no más de dos meses. Si este no prosperase, las perspectivas son inciertas.
Fuentes de la diplomacia alauí manifestaron a El País que “las relaciones con España no se verán afectadas” pero también mandaron un mensaje a la UE, a la que invitaba a “asumir su responsabilidad para proteger el acuerdo con Marruecos”. No es baladí que la política exterior del país africano sea intransigente con el cuestionamiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental, por lo que no es posible prever las futuras consecuencias de una hipotética ratificación del fallo por parte del Tribunal de Justicia Europeo.