La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha presentado al sector primario este martes el borrador del programa de actuaciones de control de la Ley de Cadena Alimentaria, el cual establece la vigilancia de 11 cultivos preferenciales. Según el sector esto supone un avance para dicha ley, que sirve para controlar que el precio de venta de los productos sea superior al coste de producción, aunque continúan esperando su puesta en marcha con todas las garantías legales.
En lo que se refiere al borrador, la elección de los productos se ha hecho en función de donde han detectado mayores diferencias de precios entre lo que reciben los agricultores y el punto de venta o los más producidos, así como las actuaciones que se van a llevar a cabo.
Según la consejería, el objetivo es cumplir con la aplicación normativa en las islas y consensuar un documento que promueve ‘’un sector agroalimentario más competitivo, vertebrado y equilibrado’’. Durante la jornada abordaron con las organizaciones sus aportaciones, así como las medidas ya desarrolladas para mejorar el funcionamiento de la cadena, así como el programa anual de actuaciones y vigilancia. La consejera del área, Alicia Vanoostende, ha insistido en que las inspecciones podrían comenzar dentro de algunas semanas.
Garantía legal para la cadena
La consejera recordaba durante la presentación las visitas de control que se realizaron el año pasado, que fueron al aguacate y a la leche, asegurando que para este año ''se ha reforzado con con el reglamento de la autoridad de control''. Este reglamento, como explica la consejera, es necesario para tramitar los expedientes, el cual espera que se pueda aprobar en Consejo de Gobierno ''una vez tengamos el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias'', unos pasos necesarios para poner en marcha la ley.
Manuel López, de COAG Canarias, expresa a Atlántico Hoy que se muestran satisfechos con los avances que han dado en comparación al año pasado, aunque insiste en la necesidad de que se apruebe ese reglamento para que ‘’haya garantías legales’’. López valora los avances que ha tenido el proceso y que se hayan aumentado los productos a inspeccionar, pero recalca la importancia que tiene esa ''garantía legal'' que proporciona la Ley de Cadena para mejorar aspectos como los contratos.
''Aunque centren las medidas en la producción, nosotros creemos que hay que comprobar que se cumpla la ley de la cadena en los puntos del contrato, concretamente en los plazos de pago'', resalta López, quien apunta que aun se debe esperar a ver los resultados de las inspecciones ''de caracter pedagógico'', y por ello subraya la importancia ''de que el Gobierno valide jurídicamente la autoridad de gestión'' y lo que se haga ''tenga toda la carga legal''.
Algunas dudas en el aire
Desde asociaciones del sector como Asaga Canarias Asaja explican a este medio que la consejería ha dado de plazo hasta el viernes al sector para hacer llegar sus sugerencias de cara al borrador. El secretario general de la asociación, Theo Hernando, también apunta en cuanto al Observatorio de Precios que se han añadido nuevos productos ganaderos y de pesca.
A pesar de los avances, Hernando explica que hay dudas puntuales de cara a diferentes subsectores y pone de ejemplo el caso de los contratos cuando se exporta a un país extranjero, que quienes tienen que registrarlos son los compradores. ‘‘El cliente que tiene la obligación de registrar los contratos no es de España, así que no tiene certificado digital o firma electrónica, por lo que no puede acceder a registrar los contratos. Necesitamos que se busque una solución, porque al final cogerán a otro proveedor que no les de tantos problemas’’
Hernando cree que son situaciones que se resolverán con el tiempo, pero insiste en que ahora mismo hay ‘’muchas dudas que deberían ir cerrándose cuanto antes’’ porque al final ‘’van a generar desconfianza’’.
Objetivos: vigilancia, nuevas líneas y denuncias
El programa de actuaciones empieza con un apartado donde se describe la situación del sector en España y Canarias, así como los desequilibrios que presenta la cadena. Seguidamente se plasman los objetivos perseguidos por el programa adecuándolos a las singularidades de las Islas. La Consejería insiste en que se trata de ‘’un instrumento flexible’’
A su vez, la institución detalla que el documento tiene tres apartados como es el programa general de vigilancia, uno de indicios para incorporar al programa nuevas líneas de actuación productos, así como la comprobación de las denuncias que se presenten. Por su parte los 11 sectores o productos que se van a vigilar, los de mayor diferencia entre el precio de origen y destino, son el aguacate, el calabacín, las papas o la papaya entre otros.
‘’Hemos avanzado mucho’’
Vanoostende recalcó que “hemos avanzado mucho con respecto a la aplicación de la ley en Canarias''. En este sentido la consejera ha citado acciones como los cálculos de los costes de producción, el observatorio de precios, los cuadros de mando de importación y exportación de productos, al igual que las sesiones informativas de la AICA.