La idea de sacar un concurso público para desarrollar en aras del interés general el negocio de la energía eólica marina vuelve a saltar por los aires en el Puerto de Las Palmas, con sus dos principales astilleros enfrentados, sin la posibilidad de llegar al acuerdo al que aspiraba el expresidente Luis Ibarra.
Zamakona acaba de renunciar al suelo -casi 50.000 metros cuadrados- que tenía concedido al lado de la parcela prevista para el negocio eólico, con 120.000 metros solo para renovables. Lo hizo al no poder ejecutar su proyecto de reparación de plataformas y dejar de pagar las tasas acordadas con la Autoridad Portuaria, que, a su vez, estaba interesada en la devolución del terreno para incorporarlo al fallido concurso de Ibarra y aumentar la superficie de la futura licitación.
Cambio de criterio
La nueva presidenta, Beatriz Calzada, a los meses de estrenarse en el cargo, anunció que abría nuevo concurso, pero con unos pliegos más atractivos.
La restricción de usos de la parcela, unida a la rivalidad natural entre Zamakona y Astican, que compiten por cada buque en el Puerto de Las Palmas, motivó el fracaso de la convocatoria de Ibarra. De ahí que su sucesora, para facilitar la inversión de las empresas, apostase por mejorar las condiciones de la anterior licitación.
Sin embargo, en paralelo a las conversaciones con Zamakona para recuperar el suelo, la Autoridad Portuaria negocia desde el pasado marzo con Boluda y Suárez la adjudicación directa de la parcela.
Condiciones
La Ley de Puertos del Estado, tras quedar desierto un concurso, recoge la posibilidad de la adjudicación directa, siempre que se haga en el plazo de un año y la empresa solicitante cumpla con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones de la licitación declarada desierta.
Y eso es lo que hizo Boluda y Suárez el pasado mes de marzo: reclamar la adjudicación directa de la parcela, justo antes de expirar el año establecido para poder formular su legítima petición.
Secreto
Durante estos nueves meses, la Autoridad Portuaria no ha revelado que sus técnicos trabajaban en la tramitación de la solicitud de Boluda y Suárez. Es ahora, tras la devolución del suelo, cuando esa solicitud de adjudicación directa irá a exposición pública.
¿Significa eso que la administración ocultó a Zamakona la solicitud de adjudicación directa mientras negociaba la devolución de la pieza de suelo para destinar la totalidad de la parcela a las energías renovables? Según Calzada, no.
Transparente
La presidenta, tras el Consejo de Administración de este jueves, explicó que la negociación con el astillero vasco ha sido "abierta y transparente", dando a entender que no solo estaban al corriente del movimiento de Boluda y Suárez, sino que la Autoridad Portuaria cuenta con ellos para el futuro centro de reparación y mantenimiento de artefactos vinculados a las renovables.
La realidad, sin embargo, camina hacia otro lado. La decisión sobre la adjudicación aún no está tomada, pero los informes de los técnicos son favorables al proyecto de Boluda y Suárez, reveló luego la propia Calzada.
Recursos
La presidenta también alabó el ejercicio de "responsabilidad" de Zamakona por devolver el suelo, incluso se mostró convencida de que no habrá recursos contra la eventual adjudicación del proyecto a su competidor, pero la realidad, otra vez, vuelve a ser más compleja.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tras un recurso del astillero, tiene aún que resolver una cuestión crucial para el desarrollo de la codiciada parcela: la anulación del concurso declarado desierto, sobre el que Boluda y Suárez pide la adjudicación directa, con la finalidad de que el expediente vuelva al trámite de competencia previo.
Irregularidades
Zamakona, que fue la primera empresa en solicitar suelo para las renovables, entre otros usos, considera que la Autoridad Portuaria permitió la participación en el trámite de competencia de una empresa sin objeto social para la reparación naval.
Por eso reclama que el expediente vuelva atrás, se excluya a esa sociedad y se resuelva el procedimiento, que afecta de lleno a la superficie prevista en la Dársena de África para la industria eólica.
La compañía, además, advierte a la administración portuaria de indemnizaciones millonarias si sigue adelante con la adjudicación de la parcela y luego los tribunales le dan la razón, pero no hay medidas cautelares de suspensión y, por tanto, la Autoridad Portuaria está en su derecho de seguir adelante con el proyecto para "no parar la actividad" del puerto, aclara Calzada.