La orden de demolición del Hotel Oliva Beach por parte del Ministerio de Transición Ecológica no ha sido una buena noticia para todos. Y, cómo no, no le ha hecho especial gracia a la cadena hotelera Riu, que define la decisión del Ministerio como “una acción arbitraria y carente de argumentos”, que responde a "una estrategia hostil".
En un comunicado, Riu anuncia que defenderá sus derechos y asegura que cuentan con pruebas evidencian que la estrategia de Transición Ecológica es “premeditada”, ya que “ha buscado desde el principio producir la caducidad de una concesión en vigor para el uso de las instalaciones hoteleras que quedaron en dominio público y, con ello, el cierre de la instalación".
Defensa de la cadena hotelera
La cadena de alojamiento turístico defiende que el hotel siempre ha desarrollado su actividad de manera legal y ha respetado la normativa que regula la gestión del litoral, así como en cualquier otra consideración urbanística y medioambiental. Para Riu, la decisión del Ministerio "se basa en argumentos falsos, desproporcionados e incompletos y que tergiversan la realidad física del inmueble, objeto de la concesión".
Según afirma, "en ningún caso es cierto que se haya ocupado mayor espacio de dominio público que el referido en el ámbito de la concesión, tal y como argumentaba el expediente abierto por el Ministerio de Transición Ecológica".
Competencia de Costas
De la misma forma, asegura que es falso que existan usos no autorizados dentro del ámbito de la concesión, ya que todos los citados en el expediente, como es el caso del bazar, son usos complementarios consolidados y absolutamente habituales en la instalación hotelera. Además, niega que se hayan ejecutado obras sin autorización en el ámbito de la concesión.
Riu también señala que, tras la transferencia de las competencias de Costas a la comunidad autónoma de Canarias, el Ministerio "no tiene legitimación competencial".
Obstaculizado las obras
Igualmente, denuncia que el Ministerio ha obstaculizado cualquier actuación para mejorar las instalaciones del hotel "y ha dilatado durante años la resolución sobre la autorización de las obras solicitadas e impugnado posteriormente la autorización otorgada por el Gobierno de Canarias, una vez transferidas las competencias de Costas".
El proceso de caducidad por infracciones en la concesión, que Riu considera "abultadas y manipuladas", iniciado por el Ministerio de Transición Ecológica "se ha tomado con una rapidez que sugiere un interés deliberado".
Consecuencias económicas
Riu sostiene que el Ministerio no ha evaluado las consecuencias de su actitud y decisión para el interés general de la isla de Fuerteventura, ya que el posible cierre del hotel Oliva Beach "tendría graves implicaciones económicas y sociales", alega. Además de los puestos de trabajo que están en riesgo, "hay que añadir el daño indudable que el cierre del hotel produciría sobre el tejido productivo del norte de Fuerteventura".
Respecto a la querella presentada por Riu contra los tres altos cargos ministeriales relacionados con la tramitación de los expedientes de revisión, sanción y caducidad de la concesión del hotel, la cadena considera que "fue una acción necesaria para la defensa de sus legítimos derechos", y asegura que su admisión a trámite fue defendida hasta el final por los distintos fiscales que participaron en la causa, que finalmente, no prosperó.
Riu afirma que confía en el Estado de Derecho y se defenderá en todos los procesos judiciales que se abran a partir de ahora, que entiende "le quitarán la razón al Ministerio para la Transición Ecológica".