Las asociaciones de empresas constructoras de Canarias se quejan de que las administraciones no están revisando los precios de la obra pública y que eso está provocando que haya muchas licitaciones desiertas. En abril de este año, tras reunirse con las patronales, el Gobierno aprobó un mecanismo para la revisión de precios, pero ahora los constructores afirman que no se está aplicando.
"Se están licitando obras que se quedan desiertas porque no se presentan ofertas", dice Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECPLPA).
"La revisión de precios en la obra pública no está funcionando", afirma Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO). Izquierdo se queja de que algunas obras "siguen saliendo con precios de hace dos o tres años".
Revisión de hasta el 20% aprobada en abril
Ambas asociaciones se reunieron a finales marzo con el Gobierno para tratar la necesidad de revisar los precios de la obra pública, debido al aumento de los costes de las materias primas. De aquella reunión salió el anuncio por parte del Ejecutivo autonómico de que iba a trasladar al Archipiélago el Real Decreto aprobado por Gobierno central, que preveía una revisión de hasta el 20%.
Dos semanas después, el Consejo de Gobierno dio luz verde al acuerdo. "Según la norma estatal, la cuantía de la revisión de precios no podrá ser superior al 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato y exigirá la previa solicitud del contratista, a la luz de la cual el órgano de contratación emitirá una propuesta de revisión de la que se dará audiencia al contratista. Transcurrido el plazo de alegaciones, resolverá de forma motivada", explicaba el comunicado del Gobierno.
Sin embargo, las asociaciones critican que esa revisión no se está aplicando como debiera. Y acusan a las administraciones públicas. "Las empresas han solicitado la revisión de precios, pero la administración no ha contestado. No diligencia los trámites. La iniciativa privada ha hecho lo que tiene que hacer según la resolución que aprobó el Gobierno de Canarias", dice Izquierdo. El presidente de FEPECO cree que las empresas están financiando a la administración "ejecutando obras a unos precios por debajo de los precios del mercado". "La administración lo sabe y no pone remedio. No tiene capacidad burocrática para poner en marcha la revisión de precios", añade.
Salud Gil cree que es "un tema presupuestario". "Entiendo que (la administración) lo ve desde la perspectiva presupuestaria. 'Si reviso precios, eso va a afectar a mis presupuestos'. Pero si no lo hacen, para algunas empresas es mejor pagar la sanción que soportar el 40% del aumento de los costes", apunta la presidenta de AECPLPA, que señala que son sobre todo los ayuntamientos los que "no están revisando precios". En junio, ambas patronales se reunieron con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para tratar este asunto.