La vivienda vacacional está en el centro de multitud de debates en Canarias. Y en todas esas delibaraciones, reflexiones o discusiones aparece, para una de las partes beligerantes, como un asunto conflictivo. La materia plantea un dilema: para algunos es el factor que determina el aumento de los precios del alquiler o la falta de inmuebles para uso residencial en las capitales del Archipiélago o municipios turísticos; y para otros es una manera de multiplicar la rentabilidad de sus propiedades. Ahora, después de años en los que nadie quiso ver el elefante en la habitación, el Gobierno autonómico prepara una ley —iniciativa que se encuentra en medio de un proceso de consulta pública— para la regular la actividad.
La Cámara de Comercio de Gran Canaria no permanece ajena a este debate. El miércoles, durante un encuentro interno entre algunos representantes del comité ejecutivo, un sector de la industria hotelera planteó la posibilidad de que la institución se posicionara a favor de reglamentar el alquiler vacacional. La propuesta partía de una premisa: la regulación debe servir para conciliar el desarrollo de esta actividad —que ya supone el 33 % de la oferta alojativa de las Islas— con la industria turística —sujeta a normas y convenios— y derechos fundamentales de la población.
El domingo, último día de consulta pública
La propuesta encontró resistencia dentro del pleno, donde se consideró que el propio mercado ya ejerce como regulador de la actividad. Los dos bloques abrieron un debate que, según varios de los presentes, servirá para "abrir un periodo de reflexión sobre la materia, a la espera de cómo se desarolla la ley del Gobierno de Canarias". Antes de redactar esa norma, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha una consulta pública que tiene como objeto contar con la participación de todos los sectores de la sociedad, a la que se puede acceder a través del portal de transparencia de la propia administración pública y en la que se podrá participar hasta este domingo, 26 de noviembre.
En Canarias se inscriben 500 viviendas vacacionales al mes y ya hay más de 47.000 inmuebles y 197.000 camas registrados para el desarrollo de esta actividad en el Archipiélago. A pesar de estas cifras, el alquiler vacacional en el Archipiélago sigue regulado por un reglamento que tiene más de ocho años de vigencia (Decreto 113/2015) con un contenido muy limitado que, desde entonces, además se ha visto reducido por varias sentencias —una del Tribunal Supremo, que ha llegado a dictar que "Canarias no defendió su modelo turístico", eliminó parte del texto—.
El Gobierno de Canarias, donde se recalca que el problema del acceso a un inmueble en las Islas también tiene su origen en una deficiente oferta de vivienda de protección oficial en las últimas décadas o la gestión urbanística, iniciará a partir de lunes —una vez cerrada la escucha de la ciudadanía— un periodo de uno o dos meses para analizar las aportaciones registradas en la consulta pública. Se crearán comisiones de estudio para la toma de decisiones con el propósito de presentar el primer borrador de la ley en enero o febrero. Una vez publicado ese boceto de la norma se abrirá otro periodo de consulta con la finalidad de que la ley entre en vigor el 30 de junio.
Planeamiento municipal
Desde el Ejecutivo autonómico se recalca que la ley no prohibirá la actividad de la vivienda vacacional y que su encomienda es reequilibrar los intereses en juego sin afectar a nadie en particular, para dotar a los 88 ayuntamientos de las Islas de un paraguas para regular la actividad —el planeamiento municipal decidirá la aplicación de la norma, como limitar las camas de vivienda vacacional por barrios o distritos—.
Frente a una ley que de momento está en fase larvaria, los propietarios de viviendas vacacionales en Canarias ofrecen datos para argumentar que el problema del acceso a la vivienda no se le puede imputar al alquiler turístico. Así, recuerdan que en las Islas hay 211.331 casa vacías —según el Instituto Nacional de Estadística (INE)—, que en los últimos 15 no se ha construido ni una sola vivienda social en las Islas, que su negocio genera 42.000 puestos de trabajo directos, más de 2.000 millones de euros de impacto económico —140 en IGIC— y que pagan impuestos sin el 60 % de deducción fiscal.