Los recortes de José Manuel Soria en renovables, cuando ejerció como ministro de Industria, Energía y Turismo, empiezan a pasar factura a España. El Reino Unido ordenó el pasado martes congelar las cuentas de todos los institutos Cervantes dentro de sus fronteras por orden del Tribunal Superior de Justicia de Londres. La medida –cautelar– fue ejecutada por una deuda de 28 millones de euros que el Gobierno español mantiene con Infrared, un fondo propiedad The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) y al que en 2019 el Banco Mundial dio la razón en su demanda contra el Estado tras la reforma del mercado energético emprendida por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy (Partido Popular).
Soria, hace justo siete años, justificaba esos recortes como medida para "ahorrar en el recibo de la luz". "Los incentivos a las energías renovables", aseguraba el entonces titular de la cartera de Industria, Energía y Turismo, "se han ajustado porque, de continuar en el nivel que estaban, el sistema no podría soportarlo". "No hay que verlo en términos de cuánto dinero pierden [las empresas del sector], sino sobre todo de cuánto dinero menos vamos a pagar los españoles en nuestro recibo como consecuencia de que esos incentivos son inferiores", puntualizó el líder del PP canario en 2014.
Embargo de la indemnización del 'Prestige'
Once meses después, en marzo de 2015, el tijeretazo de Soria y del Gobierno de Rajoy empezó a estar bajo sospecha. El informe de la consultora Roland Berger, documento en el que se fundamentó el tajo del Estado, estaba fechado tres meses después de la publicación de la normativa que recortó las primas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El hachazo, entonces, ya se estimaba en 3.000 millones de euros según las patronales del sector que, con esos datos sobre la mesa, ya se preguntaban cómo fundamentó el Ministerio de Industria liderado por el político grancanario el recorte a las renovables.
Infrared, el fondo que ha congelado las cuentas del Instituto Cervantes en Reino Unido, no es el primero al que los tribunales internacionales de arbitraje dan la razón frente a los intereses del Estado español. Los inversores de la compañía francesa Antin han logrado, de forma paralela, que otro juez de una corte británica inicie un procedimiento de congelación para la recuperación de la indemnización que le corresponde a España por el desastre del Prestige, con un coste de 120 millones de euros.
Otras derrotas judiciales
Además, la Abogacía del Estado también suma derrotas judiciales ante SolEs Badajoz (41 millones de indemnización), Nextera (290 millones), Antin (101 millones), Masdar (64,5 millones), Eiser (128 millones), Novenergia (53,3 millones), 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones) y Demeter y Cube (33 millones).
En el caso de Infrared, su reclamación tiene como origen dos proyectos fotovoltaicos en Sevilla y Badajoz en los que invirtió en 2011. La compañía, cuya defensa estaba en manos del bufete Cuatrecasas –bufete en el que ejerce como consejera Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno presidido por Rajoy y al que pertenecía Soria– y Alston Bird, reclamaba en un primer momento una indemnización de 92 millones de euros. La demanda, en 2019, al final se ajustó a 31 millones de dólares.
Incautación de otros bienes
El Centro Internacional de Arreglos para la Disputa sobre Inversiones (Ciadi), organismo de arbitraje del Banco Mundial con sede en Washington, rechazó en 2019 anular el laudo que condenaba a España a indemnizar con 28 millones de euros a Infrared, cantidad que ahora pretende que se le reconozca con el embargo de bienes del Reino español. Las primeras piezas que han caído han sido las cuentas del Instituto Cervantes en Reino Unido, pero el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez teme la incautación de activos de Navantia en Australia o del Falcon –avión presidencial–.
España es el segundo país del mundo con más deudas reconocidas en los tribunales de arbitraje, una cantidad que se ha disparado tras las sentencias derivadas de los recortes a las renovables. Sólo le supera Venezuela. Soria, tras abandonar la política por la puerta de atrás –dimitió después de que su nombre apareciera en los Papeles de Panamá–, ha entrado de lleno en el mundo de los negocios: es CEO de Sorben Partners –consultora estratégica–, forma parte de los consejos de administración de Domingo Alonso Group e Island Green Power y es asesor de Alantra.