El Gobierno de Canarias tiene desde el inicio de la legislatura un asunto pendiente heredado del anterior Ejecutivo y que todavía no ha solucionado: la modificación de la norma que regula las concesiones de los puertos deportivos. Con dos objetivos: poder renovarlas y hacerlo con el visto bueno del Gobierno central, que se opuso a las dos modificaciones impulsadas por el anterior gobierno canario en 2017 y 2019.
El primer boletín del año (tanto en el BOE como en el BOC) publicó el acuerdo que ambas administraciones firmaron en julio de 2021 y contiene la iniciativa legislativa que el Gobierno canario se compromete a promover para poner fin a un conflicto que ya dura cuatro años y medio.
La novedad, como se conoció en verano, es la posibilidad de conceder prórrogas excepcionales si el concesionario cumple con alguna de las condiciones que recoge el nuevo texto, como las inversiones relevantes, que deben ser de al menos el 20% del valor actualizado de la inversión inicialmente prevista en el título concesional.
Este el segundo intento del actual Gobierno canario, tras pactarlo con el Gobierno central, de modificar la norma que regula las concesiones de los puertos deportivos, vigente desde 2019. Entonces, Coalición Canaria (CC), con el apoyo del Partido Popular (PP) y Agrupación Socialista Gomera (ASG), la introdujo a través de una enmienda en la Ley de Islas Verdes.
Conflicto de más de cuatro años
El primer intento de ampliar el plazo de concesión de los puertos deportivos se produjo en 2017, conCC al frente del Ejecutivo autonómico. A través de una disposición adicional de la Ley de Suelo añadió una disposición transitoria a la Ley de Puertos de Canarias que establecía que "el plazo de duración de las concesiones para la construcción y explotación de puertos deportivos otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley será el establecido en el respectivo título concesional".
El Gobierno amplió el plazo de concesión hasta un máximo de 75 años, algo que iba en contra de la norma estatal. La solución a ese conflicto llegó en mayo de 2018 a través de un acuerdo en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias que fijaba una interpretación de esa disposición que de facto la inutilizaba.
CC, PP y ASG
Un año después, en el último pleno de la legislatura, el Parlamento aprobó la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, conocida como la Ley de Islas Verdes. Esa norma, después de una enmienda presentada por CC, PP y ASG, incluía una disposición final que a su vez modificaba la disposición transitoria tercera de la Ley 9/2014, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias para volver a permitir la ampliación de la concesión de los puertos deportivos.
De nuevo se convocó la comisión bilateral, ya con el Pacto de las Flores en el gobierno canario, y a comienzos de 2020 ambas administraciones acordaron que el Gobierno canario impulsaría una modificación de la disposición adicional de la Ley de Islas Verdes para dejar claro que la prórroga de las concesiones en ningún caso superaría el plazo máximo establecido en la legislación estatal.
La enmienda llegó a ser introducida en mayo de 2021 por el PSOE, Nueva Canarias y ASG (no por Podemos, el otro partido del pacto de Gobierno) en el trámite parlamentario de la Ley de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias. Pero fue retirada y no llegó a ser votada.