La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha publicado este miércoles en el portal de transparencia un informe en el que da cuenta de las 5.083 aportaciones ciudadanas al borrador de anteproyecto de Ley de ordenación del uso turístico de viviendas.
Adicionalmente se incluyen otras dos sugerencias que fueron admitidas y valoradas por los técnicos de la Consejería, a pesar de que se presentaron fuera de plazo. En aproximadamente 15 días se verá reflejado el resultado del borrador a disposición pública.
Preocupación de la ciudadanía
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, indica que en las aportaciones recibidas se pone de manifiesto la preocupación de la ciudadanía por la sostenibilidad, la calidad o la competitividad.
Se sugiere, por ejemplo, la creación de un distintivo o sello de calidad, para premiar a las viviendas vacacionales que cumplan con una serie de requisitos vinculados a servicios o equipamientos.
También figura la propuesta de limitar el impacto ambiental de este tipo de alojamientos, a los que se propone requerir unos mínimos de eficiencia energética, como la instalación de energías renovables, la separación de residuos, el cumplimiento de la normativa de ruidos o de la normativa para instalaciones térmicas.
Papel de la comunidad
Otra de las sugerencias apunta a que la comunidad de propietarios habrá de tener un papel determinante a la hora de permitir o no la constitución de una vivienda vacacional, con el fin de que esta actividad no altere la calidad de vida de los vecinos.
En este sentido, el informe publicado por Turismo recuerda que así lo avala la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, cuyas interpretaciones definirán la posibilidad y la forma de implantar viviendas vacacionales en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.
Turismo señala que los ayuntamientos, a través del planeamiento urbanístico, tendrán potestad para limitar la concentración de viviendas destinadas a alquiler vacacional en un mismo bloque, con el fin de evitar el riesgo de gentrificación y turistificación.
Competencia de los municipios
De igual forma, añade la nota, los municipios son los competentes para delimitar la altura o la planta en la que puede ubicarse una vivienda vacacional, tal y como solicitan muchas de las aportaciones ciudadanas registradas.
Sin embargo, para aquellos casos en los que el planeamiento municipal no se pronuncie, la ley que impulsará el Gobierno de Canarias incluirá normas de aplicación subsidiaria.
También, a propuesta de la ciudadanía, se determinará la capacidad de carga de cada territorio, de acuerdo con indicadores de sostenibilidad y límites de cambio "aceptables".
En este sentido, el estudio afirma que la futura ley debe tener en cuenta el nivel de presión humana o turística que puede soportar cada uno de los núcleos de población, que es diferente según la isla que se trate, y no puede ser ajeno al marco jurídico relativo al derecho constitucional a una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles.