Los propietarios de viviendas vacacionales han presentado este lunes su "enmienda a la totalidad" del anteproyecto de ley que regulará el alquiler vacacional. La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) rechaza por completo el texto planteado por el Gobierno de Canarias y han presentado un nuevo documento con 14 propuestas, entre las que se incluye una moratoria de un año para esta modalidad vacacional y una ecotasa que repercuta en el propio sector, dos medidas que también reclamaban las manifestaciones del 20 de abril.
Tal y como ha defendido la presidenta de la asociación, Doris Borrego, quieren hacer un texto para regular esta actividad que sea "totalmente nuevo" que a diferencia del documento propuesto por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias tiene un "carácter inclusivo". "No hay necesidad ninguna de pasar la apisonadora por el sector, eliminar las viviendas vacacionales que están ahora mismo en el mercado, y excluir a las familias canarias para que no puedan participar directamente en el turismo", ha valorado Borrego antes de presentar las medidas planteadas.
Entre esas 14 propuestas, se promueve, aparte de la moratoria y la ecotasa, la consolidación del uso de las viviendas vacacionales que existen actualmente ya que aseguran que "no hay necesidad de dejar a nadie fuera". Esta consolidación se trata de una de las "líneas rojas" que plantean desde la asociación en la negociación de la ley, según ha trasladado el abogado de la asociación, Javier Valentín. "Hay medidas que proponemos que incluso son más restrictivas o que el Gobierno de Canarias ni siquiera ha previsto y hay otras que hemos adoptado como la relación entre viviendas vacacionales y viviendas residenciales", ha trasladado Valentín.
Moratoria
La primera de las medidas que han planteado es establecer una moratoria al alquiler vacacional temporal, durante un año. El planteamiento que realizan es negar nuevas licencias en esta modalidad alojativa en aquellos municipios donde la oferta de plazas suponga el 10% de las plazas totales de viviendas, un porcentaje que se elevaría al 20% en las Islas Verdes.
Sobre la posibilidad de aumentar el plazo de la moratoria argumentan que "no tiene sentido establecer una moratoria indefinida", por lo que plantean realizar "un punto y seguido" en esta actividad. Por ello plantean la caducidad de las viviendas vacacionales que se han dado de alta debido al "efecto llamada" generado tras el anuncio de la regulación, ya que "en los últimos seis meses (...) se han dado de alta más de 12.000 viviendas vacacionales y muchas de ellas no se están dedicando a la actividad".
Dentro de esta moratoria los municipios, quienes tienen la competencia en esta materia, tendrían que analizar en qué partes es "admisible más vivienda vacacional si es que lo fuera", un trabajo que para la asociación el plazo de un año "es más que suficiente". "Pasado un año si el ayuntamiento no ha hecho sus deberes que quede sin efecto la moratoria", ha explicado el abogado.
Ecotasa
Plantean desde Ascav la creación de una tasa turística con una finalidad "absolutamente controlada para distribuir y solvertar el problema de la vivienda", ha explicado la presidenta de la asociación. Una cuantía que señalan que puede destinar a la construcción de vivienda oficial, para un fondo por el que el Gobierno de Canarias garantice el cobro de un alquiler a aquellas viviendas que se pasen al alquiler tradicional y para el sostenimiento y cuidado de los espacios naturales protegidos.
Entre las propuestas también han incluido un requerimiento al Gobierno de Canarias para que "haga sus deberes en materia de vivienda de protección oficial". Borrego ha calificado de "inadmisible" que España, "en general" y Canarias "en particular" estén a la cola en viviendas protegidas por habitante.
Incentivo
Desde la Asociación también plantean la creación de un incentivo para "favorecer el aumento en alquiler residencial" a aquellos propietarios que tengan alquileres vacacionales y quieran pasarse al residencial o a aquellos que tengan viviendas vacías, de manera que se garantice por parte del Gobierno de Canarias que los propietarios cobrarán en caso de impago, "siempre a precio de mercado".
Borrego ha insistido en que la ley de vivienda crea "inseguridad jurídica" y que "gran parte de los propietarios" prefieren dejar el hogar vacío "que ponerlas en el mercado por miedo al impago". Por ello destaca que si el Gobierno de Canarias es el garante del pago se anima a los propietarios a sumar sus propiedades al alquiler tradicional ya que se tiene "una garantía de cobro".
Contra la oferta ilegal
Desde la asociación también plantean que se realicen campañas que luchen contra la oferta ilegal de "casetas de campaña y viviendas no registradas en el Gobierno de Canarias". Una ilegalidad que Borrego ha asegurado que dan una "mala imagen" al sector turístico canario y que "nada tienen que ver con las viviendas vacacionales legalmente inscritas". Por ello, proponen que el Gobierno de Canarias requiera a las paginas web para que no admitan o den de baja a las viviendas vacacionales que no tengan el registro turístico correspondiente.
También reclaman que sea obligatorio el disponer de pólizas de seguro o responsabilidad. Asimismo, también proponen la caducidad de las declaraciones responsables para las viviendas vacacionales que presentaron el acta pero que no están explotando la actividad. "Esta medida es de vital importancia porque ha habido un efecto llamada gracias al anuncio del Gobierno de Canarias", ha asegurado la presidenta de la asociación quien apunta que muchas de las viviendas dadas de alta no están en explotación "y desvirtúan la situación actual".
En la planificación
Otra de las propuestas es que el planeamiento municipal sea quien lleve el "protagonismo" del ordenamiento de esta actividad. En este sentido, reclaman que se usen los criterios de zonificación -una técnica que desde el sector de la geografía rechazan que se siga implantando- y de densidades máximas.
Dentro también del ámbito de la planificación territorial, reclaman la legalización de la planta extrahotelera que ha salido del mercado, ya que "gran parte de las viviendas vacacionales dadas de alta son apartamentos o bungalows que sus propietarios sacaron de la explotación turística por la renta irisoria que el explotador turístico que les abonaba", ha señalado Borrego.
Sostenibilidad y mediación
También requieren medidas de sostenibilidad "cumplibles" ante las "irrealizables" que constan que en el anteproyecto de ley, como que los electrodomésticos que se renueven han de ser de clase A, o la instalación de iluminarias de bajo consumo, la clasificación de los residuos domésticos y "cualquier otra que dimanen de la directiva europea de eficiencia energética de edificios", ha trasladado Borrego.
Además, reclaman el establecimiento de un órgano de mediación, siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, De esta forma, se propone que el Gobierno de Canarias puedan mediar en las disputas que surjan en los edificios donde se mezcle el uso de las viviendas vacacionales con tradicionales. Asimismo, reclaman que las estas casas turísticas cuenten con un dispositivo de control del ruido.