El Gobierno de Canarias anunció este lunes la apertura del proceso de consulta pública para “la futura Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de viviendas”. Esto ha llevado al revuelo de ciertos colectivos, entre ellos de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV), que se posicionan en contra de la creación de una ley.
Javier Valentín, vicepresidente de la asociación, ha manifestado a Atlántico Hoy que desde la entidad consideran que deben ser los ayuntamiento quienes regulen la vivienda vacacional, ya que los municipios poseen distintas características. Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Ejecutivo canario, ha expresado que así será, pero siguiendo los criterios que se establezcan en la nueva normativa.
Posición del sector del alquiler vacacional
A pesar de que Valentín ha decidido no pronunciarse sobre el sentido de la regulación porque “todavía no se ha hecho público el borrador de la norma”, sí ha señalado que desde ASCAV ven esta posible nueva ley “puede llegar a ser una prohibición encubierta” de la vivienda vacacional. Temen que en el Archipiélago pueda ocurrir lo mismo que en Palma de Mallorca, según ha ejemplificado, donde “se ha regulado por ley y se han quitado de un plumazo más del 80% de las viviendas turísticas”.
Además, el vicepresidente de la entidad ha añadido que en Canarias “existe una normativa suficiente” al respecto. Y, como argumento de defensa ha expuesto que los alquileres vacacionales “significan más de dos mil millones de euros en la economía canaria, que se quedan en las islas sin irse con ningún grupo hotelero”.
Acceso a la vivienda
Si se pregunta a la ASCAV sobre la dificultad que suponen los alquileres vacacionales para el acceso a la vivienda, la respuesta de Valentín sostiene que se trata de “uno de los grandes mantras que se han ido repitiendo una y otra vez, pero repetirlo no los convierte en verdades”.
“Puede haber zonas en concreto en las que haya un problema determinado, como al parecer ocurre en La Oliva, Fuerteventura”. Si se da el caso de un problema en el municipio, el vicepresidente opina que ha de ser el ayuntamiento del mismo, que “es el competente en materia de planificación urbanística”, el que regule la situación. “Lo que no se puede hacer es sacar una ley que al final se regule igual para Tejeda que para San Bartolomé de Tirajana, cuando tienen realidades muy distintas”, ha puntualizado.
Posición del Gobierno de Canarias
El Gobierno de Canarias ha aportado una explicación a este medio sobre la petición de gestión municipal. El director general de Turismo comprende que los 88 municipios de las islas presentan realidades diferentes. No obstante, explica que el ordenamiento jurídico funciona de forma piramidal, por lo que, aunque la ley se encuentra en la cúspide de la pirámide, establece los instrumentos a través de los cuales los ayuntamientos decidirán “en concreto dónde podrá haber o no uso turísticos de viviendas y también cuántas podrá haber. Lo hará siguiendo unos criterios que se exijan por ley”.
La posición que mantienen desde el Gobierno de Canarias es muy distinta a la de los propietarios porque para la Consejería de Turismo “no es un problema solo de vivienda vacacional ni solo una cuestión municipal”, según apunta Rodríguez. Los alquileres vacacionales conllevan a “la gentrificación -se expulsa a la gente de su ubicación tradicional, se les aleja de los servicios públicos básicos, etc. - y turistificación . se pierde cultura e identidad-”.
Sostenibilidad
Por ello, una de las principales motivaciones de la propuesta de la posible nueva Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de viviendas es “regular el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada a precios asequibles”, así como “preservar el derecho a la conservación de un entorno urbano con calidad de vida, para proteger el patrimonio cultural de nuestros pueblos”.
Rodríguez ha atestiguado que los técnicos de Turespaña, al igual que “a nivel global”, exponen que “el primer problema es la vivienda de uso turístico”, promoviendo que “se ordenen y controlen”. La intención que se proponen desde el Gobierno, según el director general, es planificación, sostenibilidad social, económica y ambiental.
Consulta pública
La defensa de la vivienda vacacional como “gran” contribución a la economía canaria no es suficiente soporte para Rodríguez. Desde el área de Turismo opinan que los alquileres vacacionales aportan menos empleo que la industria turística tradicional y no aportan mayor valor añadido ni más riqueza. Sin embargo, el director general reitera que no se trata de un debate de vivienda vacacional sí o no, “es algo mucho más grande”.
Según ha explicado Rodríguez a este periódico, el límite de crecimiento para el uso turístico de la vivienda que recogería la posible nueva ley de regulación se basaría en indicadores de sostenibilidad, como “la proporción residente turistas, el consumo de agua del turista, los criterios de calidad y competitividad, los precios del alquiler…”, que ha remarcado que tanto la Organización Mundial de Turismo como Turespaña los emplean, entre otras entidades.
Toda aquella persona que lo desee puede participar en la consulta pública abierta por el Ejecutivo autonómico y realizar aportaciones al texto normativo durante un mes a partir del portal web de la institución.