María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de Las Palmas, ha anunciado este martes que el sector de la construcción puede poner en el mercado 6,000 viviendas a precios asequibles en virtud del decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias para abordar la emergencia habitacional del Archipiélago.
Antes de la asamblea general ordinaria de la AECP, Gil destacó la "involución" del sector, que aún se sitúa un 45% por debajo del PIB generado hace 16 años, con la licitación pública un 30% por debajo. Además, criticó el comportamiento de las administraciones públicas (estatal, regional y local) por adjudicar 70 millones de euros en obras a empresas públicas como Tragsa, mientras 31 millones de euros en 57 obras quedaron desiertos.
Viviendas asequibles
Gil informó que la AECP ha cumplido su compromiso al poner a disposición del Ejecutivo regional 3.000 viviendas aptas para comercializar a precios asequibles, cifra que podría duplicarse si la Administración autonómica actúa con los 650 millones de euros asignados a los 14 programas del Plan Canario de Vivienda vigente hasta 2025, así como con fondos europeos.
La presidenta de la AECP criticó la "incapacidad de la Administración pública para licitar" y su "dejación" al recurrir a empresas públicas para estos proyectos. La patronal ha denunciado esta situación ante el comisario europeo correspondiente y planea judicializarla.
Beneficios económicos y laborales
Gil confía en que en septiembre se pueda comenzar a trabajar con el Gobierno canario en las 3.000 viviendas propuestas, las cuales generarían un "efecto arrastre" de 540 millones de euros. Además, se prevé la creación y mantenimiento de 10.000 puestos de trabajo, un retorno fiscal directo de 66 millones de euros y 132 millones en consumo derivado del bolsillo de los trabajadores.
María de la Salud Gil negó que la proliferación del alquiler vacacional esté afectando al sector de la construcción y consideró injusto demonizar esta actividad económica. Subrayó que la verdadera causa de la crisis de vivienda en Canarias es la drástica reducción en la producción de viviendas, pasando de más de 35.000 a solo 2.500 unidades, que no están destinadas a familias que puedan adquirirlas.
Gil afirmó que el Plan Canario de Vivienda, que expira el próximo año y preveía la construcción de unas 2.500 casas, se incumplirá si no se movilizan todos los recursos disponibles hacia el decreto ley de medidas urgentes. "Queremos hacer viviendas para las familias, por eso ponemos a disposición estas 3.000", concluyó.