Hace 12 años ya que comenzó la privatización de las torres de control en los aeropuertos españoles. Desde el primer momento, los sindicatos se opusieron a este proceso. En marzo, el Gobierno quiso continuar con una segunda ola de liberalización. A pesar de que los trabajadores han conseguido paralizarla, no saben qué ocurrirá tras las elecciones. Continúan con el objetivo de impedir este cambio de posesión e, incluso, con la intención de revertir que las torres ya privadas vuelvan de nuevo a manos públicas.
Desde la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), sindicato mayoritario, tanto en el sector público como en el privado, denuncian que la privatización de las torres suponen una decadencia de la calidad del servicio de control, un empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales y no contribuyen a una bajada de precio de los pasajes, sino todo lo contrario.
Despidos improcedentes
“En todos estos años de privatización, nuestros temores, por desgracia, se han cumplido y nos han dado la razón”, manifiesta Susana Romero, secretaria de Comunicación de USCA. Defienden que este modelo de “abaratamiento” no trae beneficios ni a los trabajadores ni a los usuarios, sino que “responde a los intereses privados”. Al tratarse de un servicio de transporte, entienden que es “un servicio público y fundamental, por lo que debe seguir en manos públicas”.
En el caso de Canarias, la mayoría de las torres están privatizadas. Romero cuenta que en el Archipiélago se han dado varios casos de despidos de compañeros que “se negaron a aceptar órdenes que entendían que podía comprometer la seguridad”. Todos esos despidos fueron declarados “nulos o improcedentes en sede judicial”. En el sindicato les constan incidentes que “se maquillan para que no aparezca la gravedad de las cuestiones”.
"Peligro para la seguridad aérea"
Las torres de los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife se incluyen en la lista de las próximas instalaciones que se pretenden privatizar. En El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma los controladores aéreos se encuentran en huelga desde enero por la gestión de las compañías. Los salarios y las condiciones laborales se han visto perjudicados. En el sector privado, se sienten “amenazados” ante la posibilidad de una apertura de expediente o despidos.
Uno de los principales problemas que describen es la asignación de tareas. “Es primordial que nos dediquemos solo al control de las aeronaves”, atestigua Romero, sin embargo, en las compañías privadas, “mandan a los controladores también trabajo administrativo que no es compatible con el control”. La combinación de ambas tareas puede suponer un “peligro para la seguridad aérea”, puntualiza.
Precio de los pasajes
Para USCA la problemática se centra en el origen de las empresas que han adquirido el dominio de las torres. “Son empresas que se crearon exclusivamente para ganar dinero y no tienen experiencia en el sector. Estamos pagando las consecuencias de eso”, declara la portavoz del sindicato. Pone de ejemplo Skyway, empresa que gestiona las torres en el aeropuerto de Ibiza, “compañía que antes se dedicaba al sector ferrovial”.
Romero aclara, asimismo, que la privatización tampoco conduce a una bajada de los precios de billetes de avión, “como las empresas quieren hacer creer”. Expone que en las torres privatizadas los tipos de variables que inciden en el precio de los pasajes son diferentes a los de las públicas, por lo que “son mucho más caros”, como ocurre entre los aeropuertos de Ibiza y Palma, que pone como ejemplo. “Lo único que traen es un beneficio empresarial para las compañías que prestan el servicio y para los accionistas de Aena”, alega.
Al contrario que el resto de Europa
La situación es muy diferente en el resto de Europa, según el sindicato. Tanto Portugal, como Francia e Italia “no tienen ningún aeropuerto privatizado”. Romero exclama que “EEUU, paradigma de la liberalización, no cuenta con ninguna torre privada. Están en contra de que un sector fundamental y estratégico como el transporte aéreo esté en manos privadas”. Consideran que las decisiones que se están tomando van “contracorriente” al resto de países, al “solo pretender obtener beneficios económicos”.
USCA se alegra de que en Canarias haya “bastante sensibilidad” y las instituciones se opongan a que se continúe con la privatización. Ahora solo les queda mantener su posición como controladores aéreos y estar pendientes de lo que suceda tras las elecciones del 23 de julio, ya que “dependerá de quién gobierne y a quién le asignen el Ministerio correspondiente”, concluye Romero.